03 de mayo de 2019
03.05.2019

Catral adjudica la gestión del geriátrico tras una década de bloqueo

El Grupo Casaverde gestionará el servicio durante 40 años e invertirá 3,1 millones de euros en reformar el edificio. El centro cuenta con capacidad para 264 usuarios y está prevista la contratación de 130 trabajadores

03.05.2019 | 15:00
La residencia está cerrada desde que se construyó, en 2008. Tony Sevilla

La residencia geriátrica de mayor envergadura de la Vega Baja, con capacidad para 264 usuarios, podrá al fin abrir sus puertas. El Ayuntamiento de Catral ha acordado hoy adjudicar el contrato de explotación del servicio al Grupo Casaverde por un periodo de 40 años. La mercantil se compromete a realizar una inversión de 3,1 millones para rehabilitar el edificio y disponer el equipamiento necesario antes de la apertura, prevista para marzo de 2020.

La adjudicación del "Residencial Villa de Catral" se ha formalizado en un pleno extraordinario celebrado hoy con los votos a favor de todos los concejales de Alternativa por Catral, PP y PSOE (el edil de Cs se ha ausentado). El proceso pone fin a una maraña de trámites burocráticos y procesos judiciales que se ha alargado durante una década y ha impedido que el servicio entre en funcionamiento.

Al concurso se han presentado dos empresas, Grupo Clave Sanitaria SL y Grupo Casaverde. La mesa de contratación municipal ha valorado que la oferta presentada por esa última firma es la más ventajosa para el municipio. A partir de ahora, la adjudicataria dispone de un plazo de seis meses para ejecutar las obras de adecuación del centro y está obligada a iniciar la actividad en un plazo de nueve meses desde la firma del contrato, que está previsto que se formalice en unas semanas, según han detallado fuentes municipales.

A cambio de la concesión, Grupo Casaverde abonará un canon de 30.000 euros anuales al consistorio, además de asumir el Impuesto de Bienes Inmuebles y resto de tasas municipales, que supondrán un ingreso de más de 34.000 euros al año a las arcas municipales. También pondrá a disposición de los servicios sociales del municipio tres plazas de residencia geriátrica y otras tres plazas de centro de día de forma gratuita para el Ayuntamiento.

La puesta en funcionamiento de la residencia precisa la contratación de 130 trabajadores para cubrir todas las necesidades del servicio. Desde profesionales del sector sanitario hasta administrativos y de servicios. La oferta presentada por Casaverde se compromete a realizar un proceso de selección de personal en colaboración con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local entre más de 500 personas.


Mayores y dependientes


La residencia dispondrá de 264 plazas, de las que 50 se cubrirán como centro de día: 25 serán para personas mayores dependientes y otras tantas para personas mayores de 18 años con diversidad funcional. Del mismo modo, se destinarán 214 plazas residenciales, las cuales se dividirán entre las plazas destinadas a personas mayores de 65 años en situación de dependencia (152) y las destinadas a mayores de edad con diversidad funcional, discapacidad física o intelectual (62). Casi con toda seguridad, la adjudicataria tratará de concertar ciertas plazas con la Conselleria de Bienestar Social.

Una de las cláusulas más importantes incluidas en el contrato establece que la adjudicataria tendrá que presentar un aval de 3,1 millones de euros durante el periodo total de la concesión de 40 años. Con esta medida el Ayuntamiento trata de evitar situaciones como la ocurrida hace una década, cuando la empresa constructora del edificio se declaró en quiebra, dejando bloqueado el proyecto hasta la actualidad.

Las instalaciones, valoradas en 5 millones de euros, son propiedad del consistorio aunque no ha tenido que pagar ni un euro por ellas. Esto es así porque el edificio fue levantado por una mercantil sobre un terreno municipal a cambio de adjudicarse el derecho a su explotación durante 50 años. Ocurrió en el año 2008, pero la firma entró en concurso de acreedores y el inmueble quedó inmovilizado por el proceso judicial.

Finalmente, un juez dio la razón al consistorio al estimar que esta edificación no debía de estar en manos de los administradores concursales, pasando finalmente a ser de titularidad municipal. Ello ocurrió hace tres años y desde entonces se ha tratado de encontrar una solución que permitiera, por fin, abrir un edificio sin actividad que, en esas condiciones, suponía un lastre para el consistorio. Durante años se ha estado pagando a una empresa de seguridad privada para evitar robos y actos de vandalismo que ha venido costando cerca de 40.000 euros anuales.

La quiebra de la primera adjudicataria dejó impagos por cientos de miles de euros a pequeñas empresas de la comarca y ahora, con este nuevo contrato, Grupo Casaverde se ha comprometido a subcontratar trabajos por al menos 490.000 euros a mercantiles que resultaron afectadas por la citada situación. Desde el consistorio esperan que la apertura del servicio sirva de revulsivo económico para este municipio de 8.000 habitantes.

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