El Consorcio Vega Baja Sostenible, a través de los servicios jurídicos de la Diputación, va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que da la razón a la UTE formada por Cespa y Ortiz (del empresario Enrique Ortiz) y que le devuelve la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la comarca que consiguió en junio de 2013 y que le fue rescindida en enero de 2015 por supuestos incumplimientos (entonces con el PP al frente del ente consorciado). Contra esa sentencia cabía un recurso de casación al Tribunal Supremo que se va a interponer en los próximos días, aunque el presidente de la entidad, el socialista Manuel Pineda, reconoció que los servicios jurídicos de la Diputación han advertido que es complicada su admisión porque hay que infundir cierta jurisprudencia. El Supremo tiene 6 meses para pronunciarse sobre si admite o no el recurso.
Las consecuencias de este revés judicial para el consorcio de residuos comarcal es la paralización de todas las iniciativas privadas ya presentadas o que se pretendieran trasladar a la entidad. Es el caso del proyecto presentado por Ferrovial (Cespa) para instalar una planta de transferencia en Orihuela y que estaba estudiando la comisión técnica del Consorcio. La iniciativa, tras la sentencia, ya no se va a tramitar según anunció ayer Pineda hasta que no se pronuncie el Supremo y haya una sentencia firme. Esto también deja en el aire la planta de tratamiento comarcal 'sine die'. Si el Supremo no admite el recurso, la gestión de las basuras volvería a la UTE Cespa-Ortiz, al considerarse firme la sentencia del TSJ valenciano. Si por el contrario, lo admite, entraría en un periodo de judicialización de mucho tiempo hasta que el Supremo tuviera una sentencia firme.
Dolores
En todo caso, lo que sí va a seguir adelante es el proyecto de la planta de transferencia de basuras prevista en Dolores, ya que cuenta con capital y gestión pública, a través de Vaersa que ya es medio propio de la administración local y, en cuanto se apruebe la encomienda de gestión -para lo que se convocará al Consorcio en unas semanas- se comenzará a construir. La planta está concebida para recibir 111.700 toneladas al año de basuras que luego se derivarán a los vertederos de Alicante, Xixona y Elche. Pero solo dará servicio a los municipios que el Consorcio Vega Baja Sostenible denomina «Este de la Vega Baja»: Algorfa, Almoradí, Benijófar, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar, Los Montesinos, Rojales, San Fulgencio y Torrevieja.
El resto de localidades de la comarca seguirán como hasta ahora, llevando las basuras a vertederos de Alicante, Xixona, Elche y Murcia (Cañada Hermosa) ya que es necesaria otra planta de transferencia en la zona oeste, concretamente en Orihuela. Allí se había presentado un proyecto privado con terrenos disponibles que no se llevará a cabo, de momento, tras la sentencia del TSJ. No obstante, el presidente del Consorcio apuesta por copiar el modelo de Dolores, con una gestión pública a través de Vaersa para otra planta de transferencia en la capital de la Vega Baja que atienda a las localidades que se quedan fuera de la de Dolores, en el caso de que se admita el recurso en el Supremo. Para ello, el Ayuntamiento de Orihuela tendría que ceder unos terrenos municipales, como hizo Dolores.
El Consorcio, además, descarta licitar un proyecto de gestión completo, una planta de tratamiento, hasta que no haya un pronunciamiento firme sobre si lo gestionará finalmente Cespa y Ortiz. «Si hubiéramos hecho caso al PP, que quería que hiciéramos una nueva adjudicación, nos hubiéramos encontrado en este momento con una empresa adjudicataria más la empresa que el TSJ ha dicho que es la que tiene que tener el contrato, por lo que hubiéramos sometido a la Vega Baja a una ruina económica sin precedentes», indicó Pineda. Para el presidente del Consorcio «hemos trabajado de manera coherente, sin hipotecar el futuro de la Vega Baja».
La sentencia del TSJCV abre muchas preguntas sobre cómo implementar el proyecto que hace 6 años, con leyes distintas, hizo ganadora a la UTE Cespa-Ortiz de la gestión de las basuras en la Vega Baja y del vertedero comarcal. El proyecto era una macroplanta instalada en Albatera. Sin embargo, este tipo de instalaciones ya no serían legales a raíz de que el Consell aprobara el 5 de abril el Plan Integral de Residuos (PIR). Por tanto, o se debería modificar el proyecto, si jurídicamente es posible, o hacerlo compatible con la nueva normativa. El PIR establece que la Vega Baja debe tener, al menos, dos plantas de transferencia y mínimo dos de tratamiento.
PP y Cs retiran las alegaciones contra la planta de transferencia de Dolores
El juzgado desestimó hace un mes la medida cautelar solicitada por el portavoz popular para suspender el proyecto aprobado en pleno
El proyecto de planta de transferencia de Dolores seguirá su curso. Las alegaciones presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos a la aprobación del proyecto y cesión de los terrenos municipales en el polígono industrial para dicha instalación, refrendados en pleno el pasado mes de diciembre, han sido retirados por ambas formaciones. Cs lo hizo poco después de presentarlas, el 19 de diciembre de 2018, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. El edil Fernando Grau solicitaba retirarlas solo cinco días después de oponerse al proyecto de gestión de iniciativa pública para la construcción y explotación de la planta de transferencia.
Por su parte, el portavoz popular, Ramón Simón, siguió adelante y anunció hace unos días, mediante un escrito presentado en el juzgado por su abogado, que desistía del recurso puesto que «se habrían subsanado los defectos inicialmente planteados en nuestro recurso» por una serie de actuaciones posteriores que habría llevado a cabo la administración recurrida, el Ayuntamiento.
El juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche desestimó el pasado mes de marzo la medida cautelar solicitada por el PP consistente en la suspensión de la ejecución del proyecto aprobado en pleno de esa instalación en el municipio. La jueza consideró que la parte demandante no razonó ni acreditó perjuicios irreversibles o de difícil reparación que se le ocasionarían en el caso de que el recurso hubiera sido favorable a sus intereses.
La construcción de ecoparques fijos también se para
El proyecto de gestión de una red de ecoparques, aprobado hace un mes, que contempla doce instalaciones fijas y cinco móviles, tiene que modificarse tras la sentencia. Las instalaciones fijas deben ser gestionadas por el adjudicatario del Plan Zonal. Así, el Consorcio solo seguirá adelante con los ecoparques móviles. Ya hay uno funcionando y otro previsto con los 800.000 euros del convenio que debe aprobar la Generalitat para esa instalación y para la planta de transferencia de Dolores.
