Los 6 asesores con afiliación al PP del grupo popular de Orihuela están muy molestos tras llas medidas disciplinarias que pide contra ellos la ejecutiva local por el impago de las cuotas de aportación de 50 euros mensuales que aprobó ésta en 2017 para todo el personal eventual del Ayuntamiento que fuera militante. La dirección popular pide que les sean abiertos expedientes, que pueden acarrear la suspensión de militancia y la y la inhabilitación para desempeñar cargos en el partido, además de no poder ir en una lista. De los 11 asesores que tiene el PP en Orihuela, 8 son afiliados y las medidas se piden contra 6 de ellos por no haber pagado esa aportación.

Una decisión que los afectados rechazan. Algunos se dirigieron al Comité de Derechos y Garantías del PP nacional quien, aseguran, les trasladó que ese tipo de aportaciones -diferentes a las cuotas de afiliación- para financiar el partido solo es obligatorio para los cargos públicos y que, en todo caso, es una decisión voluntaria que no se puede imponer al personal eventual y así lo señalan los estatutos.

Los asesores reiteran que no han recibido ningún tipo de notificación respecto al impago. En el escrito enviado a Génova explican que el pago de afiliación sí lo tienen al día y que se han enterado del impago de las aportaciones por INFORMACIÓN, además de denunciar que se ha vulnerado su derecho al honor, a la imagen y a la protección de datos, por lo que piden medidas contra la ejecutiva del PP y consideran que es «un ataque a la imagen del partido» en pleno proceso electoral que, incluso, señalan, pone en peligro mantener la gobernabilidad en Orihuela. Uno de los asesores, Pablo Lorenzo, es uno de los que suena para la futura lista electoral, aún no decidida, en un puesto con posibilidades de salir.