El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) da la razón a la UTE formada por Cespa y Ortiz (del empresario alicantino Enrique Ortiz) y le devuelve la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja que consiguió en junio de 2013 y que le fue rescindida en enero de 2015 por parte del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, entonces con mayoría del PP, por supuestos incumplimientos. La sentencia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, acuerda declarar contrario a derecho y dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio celebrada el 21 de enero de 2015 por el que se acordó resolver el contrato formalizado el 10 de junio de 2013 por "causa imputable al contratista" y en el que se le incautó una garantía de 1.982.977 euros por no haber iniciado las obras de la planta transitoria que se iba a situar en Cox y de la definitiva en Albatera, por lo que el tribunal estima el mantenimiento de la vigencia del contrato firmado. Es decir, que Cespa y el empresario Enrique Ortiz deben seguir siendo los adjudicatarios del plan zonal y del vertedero comarcal al ganar el concurso en 2013.

De esta manera, el TSJCV revoca la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso administrativo 2 de Alicante que respaldó en primera instancia la resolución del contrato con la UTE Cespa-Ortiz por incumplimientos imputables al contratista, lo que conllevó el derecho a incautarle la fianza de casi dos millones.

La sala entiende que el incumplimiento en no poner en marcha la solución transitoria, que era la de una planta de transferencia en Cox, no es achacable al contratista que trató de adquirir unos terrenos para poner en marcha la actividad, sino que culpa a los Ayuntamientos de Cox y de Albatera, donde iría la planta de basuras definitiva, de modificar los planes urbanísticos para imposibilitar esa actividad y señala que "es un comportamiento ilegal, por ser contrario a la normativa mencionada, que se modifique el planeamiento urbanístico contradiciendo unos planes de rango superior y jerarquía normativa, que son vinculantes para las Corporaciones que han llevado a cabo tales modificaciones".

De esta manera se produce un giro importante en la gestión de los residuos de la comarca, investigada en el caso Brugal. De momento Cespa-Ortiz volvería a gestionar las basuras en la comarca (con la puesta en marcha de un vertedero comarcal como tenía asignado), a pesar de que el contrato está bajo sospecha, tras esta decisión del TSJCV. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.