El comité de dirección del PP de Orihuela, presidido por el edil Dámaso Aparicio, ha elevado al Comité de Derechos y Garantías de su partido un escrito en el que pide que se abra un expediente disciplinario a 6 de los 8 asesores con afiliación a esta formación que tiene el grupo municipal popular en el Ayuntamiento. El motivo es el impago de las cuotas al partido que aprobó la ejecutiva local del PP en julio de 2017, de manera que los 11 concejales que forman el grupo municipal popular como cargos públicos deben abonar 70 euros al mes y sus 11 asesores en el Ayuntamiento, un total de 50 euros mensuales. Sin embargo, solo dos de los ocho asesores afiliados al PP están al día del pago de esas aportaciones y el resto deben un total que suma casi 6.000 euros de deuda, según la propuesta de inicio de expediente elevada por la ejecutiva local del PP y a la que ha tenido acceso este diario. Esa deuda, al ser de más de un año, los inhabilita para ir en una lista electoral, según marcan sus estatutos.
La medida disciplinaria se pide contra los asesores Jesús Salinas, Fernando Pascual Gómez, Pablo Lorenzo, Nadia María García, Almudena Baldó y Mónica Díaz -esta última dimitió hace varios meses-. Además, otros tres asesores que no están afiliados al partido tampoco están al día en el pago de esa cantidad de 50 euros al mes, que también deberían pagar como se aprobó, aunque sobre ellos no puede recaer un expediente disciplinario del PP al no ser militantes. Todos han sido propuestos por el alcalde, Emilio Bascuñana, o por sus ediles afines, quien está enfrentado políticamente al presidente local del PP, Dámaso Aparicio, por lo que es un episodio más del campo de batalla en el que se ha convertido Orihuela para los populares.
Será el Comité regional de Derechos y Garantías del PP el que deberá tomar las medidas disciplinarias que considere oportunas contra los asesores de su grupo municipal en Orihuela, aunque ese expediente puede acarrear la suspensión de militancia y la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido, tal y como marcan sus estatutos que señalan que las decisiones de los órganos ejecutivos se tienen que cumplir. Ninguno de los deudores podrá ir en la lista electoral, que aún está por decidir, para los comicios municipales del próximo 26 de mayo, y que debe presentarse, como último día, el lunes 22 de abril.
Infracción
La ejecutiva del PP acusa a este personal eventual de su partido de «la presunta comisión de forma continuada de una infracción tipificada en el artículo 16». Estas aportaciones son diferentes a las cuotas de afiliación. Así, en la propuesta elevada al PP de la provincia de Alicante y al Comité de Derechos y Garantías de este partido, se recuerda que se adoptó la medida de que los cargos públicos y el personal eventual aportaran una cantidad mensual para la financiación de la formación local «tras no percibir cantidad alguna como aportación del grupo municipal y tras haber sido desahuciados de la anterior sede».
En mayo la ejecutiva local aprobó liquidar la deuda tanto de los concejales como de los asesores y requerir el pago a los deudores. A todos se les remitió una notificación mediante correo certificado, señala el escrito, «habiendo sido rehusados hasta en dos ocasiones por los interesados» acusándolos de no haber obrado «de buena fe» para cumplir con lo acordado. Solo dos de los 11 asesores han cumplido con el pago de las cuotas. En cuanto a los cargos públicos el escrito reconoce que aunque «hay quien se retrasa en las aportaciones», van cumpliendo. Este diario contactó ayer con uno de los asesores quien aseguró que «no hemos recibido ninguna notificación oficial de que debamos pagar esos 50 euros y lo pregunté en mayo al partido sin recibir contestación», además de negar que haya recibido en su domicilio ninguna carta .
