Es (otro) de los problemas enquistados en el Ayuntamiento de Torrevieja. El protocolo de prevención del acoso laboral, aprobado hace ahora diez años -abril de 2009-, exige, entre otros requisitos, la intervención de un facultativo espacialista en psiquiatría. Pero el municipio ha sido incapaz de dar con un especialista o al menos mantenerlo en el tiempo desde aquella aprobación de este mecanismo de protección frente a posibles de abusos de poder, discriminación o acoso laboral.

Que ningún psiquiatra -plaza con el que no cuenta el organigrama municipal- haya atendido a la llamada de la administración local desde hace una década dice mucho de las dificultades que consideran que pueden encontrar en esa función en un Consistorio donde se ha producido casos sonados de acoso -y se siguen produciendo-.

Se intentó a través de la mutua sanitaria de los trabajadores, de una reclamación a los colegios oficiales e incluso el primer edil José Manuel Dolón (Los Verdes) aseguró que se había logrado un contar con esta vacante a través de un convenio con la Universidad de Alicante.

Que ese protocolo es totalmente ineficaz lo refleja el constante goteo de resoluciones judiciales por demandas contra el Ayuntamiento, casi todas con origen en policías locales de base. La factura para las arcas municipales por las demandas de cinco agentes para los que los fallos judiciales han reconocido la situación de acoso - al menos cinco casos confirmados- supera ampliamente los cien mil euros. El municipio ha reclamado por alcance el reembolso de esas cantidades a los supuestos responsables de esas situaciones -mandos policiales- a través de expedientes administrativos por alcance. No parece que la situación se haya normalizado. Ahora el equipo de gobierno va a buscar una nueva alternativa. La junta de gobierno local tiene previsto aprobar hoy -aunque siempre puede quedar sobre la mesa- el contrato menor «con destino a actuaciones de mediación en el marco del protocolo de prevención de acoso laboral en el Ayuntamiento de Torrevieja». El documento del protocolo contra el acoso laboral, dispone, entre otras cosas, la constitución de una comisión de instrucción del acoso laboral de carácter permanente y estable, que debería ser la encargada de valorar y tramitar las reclamaciones que se formulen en materia de acoso psicológico en el trabajo. Tan recibir una reclamación, la comisión debe reunirse en un plazo máximo de siete días para iniciar las actuaciones, debiendo emitir informe en un plazo máximo de 30 días contados desde el siguiente a la presentación de la reclamación.