La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Torrevieja para que se reabran las diligencias que investigan si existen indicios de delito en el encargo verbal directo, sin mediar contrato, de material para construir una zona verde en San Luis-El Chaparral. Obra impulsada durante el último tramo del anterior mandato municipal del gobierno del PP -finales de 2014 y primer semestre de 2015-. La intervención municipal pretendía dotar de un parque a una zona verde abandonada desde hacía décadas con alumnos trabajadores a través de un taller de empleo.
En el marco de estas nuevas diligencias ayer acudió a declarar como testigo un funcionario adscrito al área de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del municipio. El técnico, que supervisaba distintos aspectos del taller, fue el que advirtió con un informe que no podía conformar las facturas que le estaban llegando de empresas suministradoras de material al no cumplir los requisitos mínimos, además de indicar que también existían reparos del área de Intervención.
El técnico solicitó en febrero de 2015 al director del taller que no se encargaran más materiales. Sin embargo, se habrían solicitado -al mismo tiempo o con posterioridad- por valor de 184.000 euros, en suministros fraccionados sin contrato unitario, y al margen de estos informes en contra, según la denuncia. Además el director del taller admitió en junio de ese mismo año que se había estado actuando sin contar con un proyecto de ejecución. La actuación habría contado con proyecto a posteriori, firmado por el área de Obras y Servicios, cuando el taller estaba a punto de terminar.
La denuncia fue archivada en primera instancia al entender el juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja que los contratos verbales sí podrían tener validez, al margen de las irregularidades administrativas, no penales, que se pudieran derivar. La Audiencia Provincial considera, sin embargo, que debían ampliarse las diligencias para completar la instrucción, más allá de la documentación aportada inicialmente, además de subrayar, reseñando resoluciones judiciales, que en el ámbito de la administración pública en ningún caso están admitidos los contratos verbales.
La denuncia dice que se el Ayuntamiento pudo constatar «la existencia de irregularidades» en la gestión del taller de empleo Mediterráneo que tenía como objetivo la ejecución de una zona verde con un presupuesto de 1,1 millones de euros. En concreto la generación de «facturas de prestación de servicios y compras por empresas externas del Ayuntamiento sin que se deriven los oportunos expedientes de contratación». Cuando comenzó el equipo de gobierno se encontró con las reclamaciones de las empresas de pago de esos suministros y trabajos, que no se podían asumir «por los cauces administrativos legales».
Contenciosos
Esas firmas a las que se realizaron los encargos (Transamar del Sureste, Tabisam, Unidepol, Hormigones y Morteros Serrano, Cerámicos Anavar y Áridos y Contenedores Torrevieja) recurrieron en los juzgados de Lo Contencioso el impago de 12 facturas. Algunas han obtenido un fallo favorable -al considerar el juzgado que los trabajos se habían realizado y evitar el enriquecimiento injusto de la administración-. Otras peticiones no han sido estimadas.
Esas reclamaciones son las que avalan el gasto sin contrato y su importe total. En uno de los contenciosos, el presentado por Transamar del Sureste, se indica textualmente que fue la entonces edil de Parques y Jardines y de Contratación, Carmen Gómez, «la que requirió a la empresa para realizar unos trabajos de acondicionamiento del parque del Chaparral» y añade que Gómez fue quien les explicó que los encargados del taller se pondrían en contacto con ellos para solicitar esos materiales. Fuentes del PP indicaron ayer que la denuncia no señala expresamente a ningún edil popular.
