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Torrevieja

Los hosteleros exigen al alcalde seguridad jurídica para instalar las terrazas y evitar las multas

La ordenanza exige contar con licencia para ubicar sillas y mesas, pero el Ayuntamiento solo solicita declaraciones responsables

Los hosteleros exigen al alcalde seguridad jurídica para instalar las terrazas y evitar las multas

La Asociación de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AHTC) va a reclamar al alcalde torrevejense José Manuel Dolón (Los Verdes) que impulse de forma urgente una reforma de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública ante la «inseguridad jurídica» a la que está expuesto el sector con la vigente. A juicio de los hosteleros la ambigüedad y falta de concreción de la normativa local provoca que la Policía Local pueda considerar que ninguna de las terrazas instaladas en la vía pública cumple con la legislación. Algo que, según indicó ayer este colectivo, por otra parte, apuntó el oficial de la policía local adscrito al control de las terrazas en una reciente comparecencia judicial en la que a la hora de explicar la falta de actuación municipal contra una terraza irregular en La Mata, que todas carecen de licencia en Torrevieja.

La comparecencia de ayer del presidente de la AHTC en rueda de prensa se derivaba además de las últimas actuaciones de la Policía Local, que ha abierto expedientes a varios establecimientos del centro del casco urbano. Guillamó no quiso ayer a entrar a valorar este episodio, que afecta a un negocio al que está vinculado familiarmente.

Según explicaron ayer los responsables de la Asociación de Hosteleros mientras que el Ayuntamiento pide en el día a día a los negocios que quieran montar las terrazas, entre otros requisitos, una declaración responsable, el pago de las tasas, justificante del pago del seguro de responsabilidad civil, certificado de no contar con deudas con la hacienda local o la licencia del propio local; en la ordenanza aprobada en 2014 se cita además la necesidad de que se conceda una licencia o autorización posterior para la terraza que en Torrevieja nunca se cumplimenta. En un principio, sería suficiente con esa declaración responsable -como ocurre para la mayoría de casos de otros sectores como el del comercio-. Un trámite equivalente a la licencia por lo que el promotor del negocio garantiza que el proyecto y su ejecución cumple con la normativa de seguridad y accesibilidad y que solo requiere de una inspección municipal posterior ya con las puertas abiertas. Sin embargo, la ordenanza habla de la concesión de una licencia o autorización tras la presentación de toda la documentación, algo que en la práctica no se exige, lo que provoca confusión en el sector que «queda a expensas del humor o el arbitrio subjetivo de quien aplica la normativa», según los servicios jurídicos de la AHTC.

El presidente de los hosteleros, Guillamó dijo que el detonante de la preocupación de los hosteleros, además de las declaraciones del oficial en el juzgado, es esa intervención de Vía Pública en la que se ha reclamado a una decena de negocios la modificación de sus terrazas por motivos de seguridad -falta de visibilidad de pasos de peatones- para instalaciones que llevan montadas meses «pero también para algunas que llevan años en la misma situación». Guillamó hizo una llamada a la «calma» entre los hosteleros ante la temporada inminente de Semana Santa -muy importante para este sector- y sugirió que el colectivo que preside lleva cuatro años recibiendo información constante sobre supuestas irregularidades en la gestión de la Vía Pública, y a las que Guillamó subrayó que no va a dar credibilidad porque no puede probarlas.

Germán García, letrado de la AHTC explicó que un estudio de la ordenanza refleja «una completa inseguridad jurídica, mientras que la ordenanza habla de concesión de autorizaciones-licencias, la circular que distribuye el ayuntamiento pide declaraciones responsables, que no es una licencia. Algo que convierte la mayoría de los artículos en inaplicables, además de dejar al arbitrio de un funcionario que no tiene competencias si se cumple o no la ordenanza». El Ayuntamiento aprobó en tiempo récord esta ordenanza en 2014 una vez que varios policías locales impusieron más de cien sanciones a hosteleros por incumplir la anterior, que no contemplaba la instalación de elementos como los paravientos y otro mobiliario. El anterior equipo de gobierno bloqueó supuestamente su tramitación algo que impulsó una denuncia de los agentes que sigue bajo investigación judicial. El alcalde José Manuel Dolón, que hace unas semanas aseguró que se iba a pronunciar públicamente sobre este asunto, no hizo valoraciones.

Espacios públicos privatizados hasta el último palmo donde el Ayuntamiento se centra en cobrar las tasas

La falta de recursos y la picaresca propician una ocupación completa de paseos, calles peatonales y aceras

La ordenanza de Ocupación de Vía Pública no es fácil de hacer cumplir -con la excepción del pago de tasas-. No es necesario que lo digan los hosteleros. Es algo fácilmente comprobable, en especial en las zonas más céntricas en las que algunos establecimientos hacen un uso abusivo del espacio público, ocupando bastante más superficie de la que tienen asignada, no solo con sillas, mesas y paravientos -de todo tipo y muy sólidos -, también con mobiliario de reclamo y otros elementos. Caminar por las aceras y paseos es una prueba de obstáculos donde la accesibilidad y la seguridad muchas veces es lo de menos. Y ahí entra la picaresca. En verano no hay agentes adscritos al control de terrazas en horario nocturno. Los locales amplían su espacio hasta donde pueden. La ordenanza dice que si en una calle no se dan las condiciones para que exista una zona de aparcamiento tampoco se dan para que se ocupe por terrazas. Solución: se habilita un área de aparcamiento de motos autorizada (y problema solucionado) como ha ocurrido en el calle Ramón y Cajal -donde ya se ha producido un accidente grave- o para el caso de una conocida heladería en la calle María Parodi con la plaza de Waldo Calero. Incluso un local de reparación de motocicletas tiene habilitado su propio aparcamiento de vehículos en la vía pública en la calle Orihuela. Otras situaciones que escapan por completo al control municipal son la instalación de quioscos sobre alguno de los paseos en dominio público. El caso que se lleva la palma es el de los locales de madera del paseo de la playa del Cura, cuyo aval legal -en un principio en manos de Costas- es todo un misterio.

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