El juzgado de lo Penal 3 de Orihuela ha condenado a la expresidenta del PP de Orihuela y exconcejal de Turismo de ese municipio, Pepa Ferrando -actual portavoz de Foro Demócrata-, a un total de dos años de prisión y 15 años y medio de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público (alcalde, teniente de alcalde y concejal) por cinco delitos de prevaricación administrativa y cuatro de fraude entre los años 2008 y 2011 por los contratos realizados en los stands de Fitur en aquellos años, así como para la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana de 2011. En la misma causa estaban investigados, como cooperadores necesarios, los responsables de las empresas que se beneficiaron de aquellos contratos y quienes también se han acogido al acuerdo con la Fiscalía en el que ha estado de acuerdo la acusación particular, ejercida por el que fuera edil y alcalde accidental de Orihuela en el pasado mandato, Antonio Zapata (exedil del PSOE).
Los hechos han sido reconocidos por los acusados al mostrarse conformes con las acusaciones de la Fiscalía, con la que han llegado a un acuerdo para conseguir una rebaja de las penas. El Ministerio Fiscal pedía 9 años de cárcel para Pepa Ferrando que, gracias a esta conformidad, evita una posible condena mayor que le hubiera podido suponer su entrada en prisión. En el acuerdo se establece la suspensión de la entrada en un centro penitenciario de todos los acusados al ser las penas menores a dos años de cárcel, con la condición de no delinquir en un plazo de dos años. La jueza ha dictado sentencia "in voce" sin celebrarse el juicio. La magistrada ha condenado a diferentes penas de prisión e inhabilitación a cinco de los empresarios, Javier Molinos, Mercedes Lasa, Ainhoa Molinos, Juan Bautista Rodríguez e Ignacio Alonso, como cooperadores necesarios y ha absuelto a un sexto, Juan Ignacio Goñi, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular por no haber participado en los hechos investigados. La sentencia se considera firme.
Pepa Ferrando admite así las acusaciones sobre la adjudicación de varios servicios para el montaje de pabellones en las ferias internacionales de turismo (Fitur) cuando era edil del área, que adjudicó dichos servicios a empresas relacionadas entre sí sin la debida concurrencia de otras mercantiles y los fraccionó en contratos inferiores a los 18.000 euros para eludir los procedimientos administrativos de contratación correspondientes. Así, desde su cargo de concejal de Turismo de Orihuela habría contratado con el mismo grupo empresarial servicios similares o idénticos a otros ya contratados con la misma trama empresarial, en algunos casos por importes superiores a los normales del mercado. Esto suponía un "quebranto y perjuicio para el erario público", según el auto de procesamiento en el que se le acusaba de 4 delitos de prevaricación y otros tantos de fraude por los que ha sido condenada a 6 meses de prisión por cada uno de ellos. La causa se inició tras la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por parte del PSOE y Los Verdes, que gobernaban el municipio el pasado mandato. Según denunciaron socialistas y verdes, Ferrando habría contratado para la realización del stand de Orihuela en Fitur, en Madrid, a cinco empresas del País Vasco, todas ellas con diferentes nombres pero que comparten los mismos administradores e, incluso, la misma página web.
El Ministerio Fiscal, a la hora de llegar a este acuerdo con los acusados y la rebaja de las penas que pedía en un principio, ha tenido en cuenta como atenuantes las dilaciones indebidas así como, sobre todo, la reparación del daño causado al Ayuntamiento de Orihuela al haber abonado cuatro de los empresarios encausados un total de 150.000 euros como responsabilidad civil (que se ha establecido en 149.697,96 euros). Dinero que será ingresado en el Ayuntamiento de Orihuela como perjudicado, a pesar de que el Consistorio rechazó personarse en la causa. Por su parte, las costas del proceso han sido declaradas de oficio a petición de la abogada de la acusación particular. Además, como efecto derivado del delito de prevaricación, la jueza ha procedido a decretar la nulidad de pleno derecho de los actos por los que Ferrando procedió a adjudicar los servicios relativos al suministro de material de propaganda para la promoción turística de Orihuela para su distribución en Fitur del año 2011, así como para su uso por la Concejalía de Turismo, y el resto de actos o resoluciones jurídicas derivadas de los mismos, anulando todos los contratos y facturas firmados por la entonces edil del PP. No obstante, no se establece la devolución de las cantidades abonadas ya que se trata de servicios ya prestados.
La juez cita en el auto la dotación de mobiliario para los expositores de las sucesivas ediciones de Fitur a firmas como Mare Stand 3000 o Stand Molinos SL, entre otras mercantiles, las cuales estaban relacionadas entre sí al coincidir en sus cargos directivos, como consejeros, administradores o apoderados, las mismas personas. De hecho, a pesar de que sobre el papel eran distintas, las empresas presentaron las facturas al consistorio por los trabajos en las distintas ediciones de Fitur todas juntas y en la misma fecha. En ese mismo auto la magistrada consideraba que Ferrando actuó de igual modo irregular en la contratación de servicios por un importe de 75.160 euros con otra empresa, 9,9 Branding Comunication SL, para la edición de la feria turística de 2011.
A la salida de la sala de vistas, la actual edil de Foro Demócrata, ha declarado su "inocencia" y ha asegurado que le ha costado mucho aceptar "con dolor" el acuerdo que sí habían alcanzado antes los empresarios investigados pero que "ante la cantidad de años de cárcel que pedía el Fiscal no me podía arriesgar, aunque sigo diciendo que no conocía a todos esos empresarios y que no hice nada ilegal", ha señalado Pepa Ferrando.
Ferrando está pendiente de otro juicio, previsto en el mes de octubre, por presuntas irregularidades en la organización de otro certamen, la Feria de los Sentidos Divinos. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años de prisión y siete de inhabilitación para la expresidenta del PP de Orihuela por supuestas irregularidades en el cobro de unos 97.825 euros desde una empresa que constituyó, supuestamente, antes de ser nombrada edil de Cultura para que le adjudicaran la organización de esa muestra gastronómica celebrada en 2007. La Fiscalía solicita la misma pena para la exconcejal de Turismo, Paz Chazarra, y el técnico Eduardo Gabriel Rodríguez. El Ministerio Fiscal considera que los tres urdieron un plan para contratar a la empresa de Ferrando (Pepa Ferrando Protocolo y Eventos SL), la organización de esta muestra de repostería conventual e incluirla en la solicitud de declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Orihuela. Al ser los hechos investigados anteriores a los enjuiciados hoy de Fitur, aunque sea condenada, la pena no se añadiría a los dos años de cárcel dictados esta mañana.
