El edil no adscrito, Antonio Zapata, que ha ejercido como acusación particular en el proceso contra la expresidenta del PP de Orihuela por irregularidades en los contratos de Fitur, exige a Pepa Ferrando que deje su acta de edil. Tras la sentencia de conformidad recaída esta mañana en los juzgados de Orihuela en la que Ferrando reconoce haber fraccionado diversos contratos relacionados con la Fitur, por lo que ha sido condenada por prevaricación y fraude a dos años de cárcel y 15 de inhabilitación, el que fuera edil del PSOE y alcalde accidental en el pasado mandato exige que la misma renuncie a su acta de concejal "con carácter inmediato por la gravedad del delito cometido".

Entre las penas impuestas está la de inhabilitación para el cargo de concejal lo que, al ser firme la sentencia, "Ferrando no puede ni debe seguir ocupando el acta de concejal". "Igualmente exijo al alcalde Emilio Bascuñana que de cuenta de dicha sentencia en el próximo pleno que se celebre a los efectos de que la señora Ferrando deje de ser concejala de este Ayuntamiwnto por no ser digna de mantener su acta y representar a los oriolanos que depositaron su confianza en ella", señala el concejal en un comunicado. Zapta añade que Bascuñana "debería disculparse en nombre del Partido Popular por los hechos que hoy se han reconocido como delito cuando la Ferrando desempeñaba su cargo como concejala por el PP".

El edil dice valorar "muy positivamente" la sentencia que "demuestra una vez más que el Ayuntamiento de Orihuela y el dinero de los ciudadanos y contribuyentes ha sido usado y abusado para el enriquecimiento ilícito como consecuencia de una conducta prevaricadora, siempre bajo las siglas del Partido Popular al que pertenecía Pepa Ferrando a la fecha de los hechos".

Y se congratula de que gracias a la denuncia y acusación particular que ha ejercido "hoy el Ayuntamiento y los ciudadanos recuperan ese dinero, lo que hace ganar confianza en la justicia y en la labor fiscalizadora desde la oposición, y de los gobiernos que en el ejercicio de sus funciones revisan y examinan las conductas de anteriores políticos que de manera irregular se ejercieron. Estoy tremendamente satisfecho de comprobar como la justicia, lenta, llega y como se ha recuperado el dinero de los oriolanos", señala el edil no adscrito en referencia a los 149.600 euros de responsabilidad civil que ya han sido depositados en el juzgado por algunos de los empresarios encausados.

Para Zapata ""haber reconocido los hechos no deja lugar a dudas que cometió un delito que sirvió para defraudar miles de euros, y hoy sabemos con certeza que está donde debía estar; en la oposición, y en un presente inmediato apartada totalmente de la política", concluye.