La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el Centro Deportivo Municipal (CDM) de Orihuela Costa ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a una veintena de trabajadores y cerrará las instalaciones el próximo lunes 1 de abril. Desde ese día solo abrirá el polideportivo durante tres horas al día, de 17 a 20 horas, que es el horario que utilizan las escuelas deportivas infantiles de fútbol y patinaje que son las únicas que se mantendrán abiertas al haber pagado los usuarios la correspondiente matrícula, aunque solo hasta el final de la temporada. Sin embargo, servicios como la piscina cubierta y climatizada, las pistas de pádel, el campo de fútbol, baloncesto, gimnasia o tenis, que usan cada día decenas de usuarios, se cerrarán. Una situación que ha causado una gran indignación entre los vecinos de Orihuela Costa que usan los servicios deportivos en los 24.000 metros cuadrados de estas instalaciones municipales.
La explotación y gestión integral de los servicios del polideportivo municipal corre a cargo de 3 empresas que ganaron en noviembre de 2010 el concurso, pero el Ayuntamiento las acusa de haber incumplido los pliegos por lo que, desde agosto de 2018, no paga las facturas que presentan (que suponen unos 200.000 euros anuales). La consecuencia es que la UTE dejó de pagar a sus 22 trabajadores las nóminas -en febrero denunciaron que llevaban desde diciembre sin recibir su sueldo, como informó este diario-.
El gobierno local acusa a la UTE de no haber construido un edificio multiusos de 1.000 metros cuadrados para ampliar las instalaciones tal y como se comprometió en el pliego de condiciones de la contrata, por lo que el Consistorio abrió un expediente para la rescisión del contrato en mayo del pasado año. Fuentes cercanas a la UTE aseguraron que presentaron el proyecto para levantar ese edificio a principios de este mandato, siendo concejal de Deportes Dámaso Aparicio -antes de que el alcalde Emilio Bascuñana le quitara las competencias y se las diera al actual responsable del área, Víctor Valverde-. Sin embargo, aseguran las mismas fuentes, el Ayuntamiento nunca dio su aprobación para hacer esa ampliación. Y acusaron a Bascuñana y Valverde de no responder a sus escritos para solucionar el conflicto entre empresas y Ayuntamiento por el impago.
Caducidad
El expediente de resolución del contrato incoado a petición del edil de Deportes el 28 de mayo de 2018 caducó el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que incoar un nuevo procedimiento, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. En la cláusula sexta del contrato consta como mejora, sin coste para el Ayuntamiento, la construcción de un edificio de salas deportivas (incluye sala de musculación y cardio-fitness, sala de gimnasia, control de acceso, almacén y vestuarios) y se preveía su inauguración para finales de 2014. La UTE envió ese año un plano de planta de esa ampliación y del proyecto nada se supo hasta 2015, cuando la adjudicataria envió planos y cronograma y contemplaba construir el edificio en abril de 2016 y finalizarlo a finales de ese año. De hecho, presentó información técnica en el mes de abril de 2016, aunque en septiembre se le requiere para que subsane una serie de deficiencias del proyecto y en diciembre la adjudicataria envía un escrito solicitando una reunión con el responsable de Deportes alegando que con las continuas demoras imposibilitan la amortización de la inversión a realizar. Deportes le insta en febrero de 2017 a acometer «con carácter urgente» las obras. Se encargó un informe a Contratación que señaló que debía cumplir la UTE con lo acordado en el pliego, en vista de que no se hizo, el 28 de mayo de 2018 el edil de Deportes solicita que se inicien los trámites para la resolución del contrato y se calcula el daño emergente producido por la empresa al Ayuntamiento por la no construcción del edificio en 682.083 euros y se estima el exceso pendiente de compensar en 100.731 euros. Al pasar tres meses sin resolverse el expediente de resolución caducó y en enero de este año se inició otro que está en curso en el que se reclama a la UTE los 100.731 euros y devolver las facturas desde agosto (hasta diciembre el importe ascendía a 92.156 euros).
Sorprendido
La UTE tiene una concesión administrativa, que le permite también recaudar las tasas, y el Ayuntamiento le paga la diferencia entre lo que ellos recaudan y el gasto que tienen para que esas instalaciones permanezcan abiertas y ofreciendo el servicio. El edil de Deportes, Víctor Valverde explicó que, además del incumplimiento de la construcción del edificio multiusos, en las facturas hay un desequilibrio porque se pasan gastos como mantenimiento del centro que no el Ayuntamiento no está de acuerdo en asumir. Valverde se mostró sorprendido por esa medida que criticó que la UTE no le hubiera anunciado oficialmente. «Solo sabemos de comentarios que había hecho un ERE y le hemos enviado un escrito recordando que tienen la obligación de mantener todos los servicios porque no se ha resuelto el contrato». El edil se solidarizó con los trabajadores y reconoció que era difícil que el Ayuntamiento asuma la gestión «porque no es un servicio esencial, como puede ser la basura o limpieza viaria», aunque estudiarán qué hacer si finalmente el lunes cierra el CDM.
Cambiemos denunció hace meses las presuntas irregularidades que hubo en la adjudicación del contrato, tras destapar que la gestión privada del CDM hacía perder al Ayuntamiento 782.000 euros. El portavoz de esta formación Carlos Bernabé señaló ayer a INFORMACIÓN que «tenemos sospechas de que el Ayuntamiento le está abonando el terreno a otra empresa con la que tiene mejores relaciones». Los usuarios se vienen quejando por los precios del polideportivo de la Costa, más altos que los de centros deportivos similares en localidades del entorno. El lunes vecinos y el partido Claro han convocado una concentración a las 10 de la mañana frente al ayuntamiento periférico en Playa Flamenca.
