La Generalitat ha eludido decretar la caducidad del expediente por el que una empresa minera solicitó hacer prospecciones en San Miguel de Salinas pese a que ya ha transcurrido sobradamente el plazo legal para que resolviera la petición. Ni ha dado traslado de la respuesta de la empresa a las alegaciones ni ha resuelto el expediente. La asociación de vecinos de San Miguel de Salinas se ha dirigido a los servicios territoriales de Industria y Energía para vedir el archivo del expediente del permiso de investigación para una mina de yeso porque se ha rebasado el plazo máximo para la resolución del expediente y ha caducado.

Según el reglamento general para el régimen de la minería, recuerdan los vecinos, el expediente de un permiso de investigación debe ser resuelto en el plazo máximo de 6 meses, a contar de la fecha en que «se declare definitivamente admitida la solicitud». En este plazo no se contará el tiempo que pudiera transcurrir entre los envíos de los anuncios oficiales y su publicación. Si tenemos en cuenta que el 31 de agosto fue la fecha de publicación en el DOGV, el 28 de febrero se agotó el plazo máximo para su resolución. Sin embargo los servicios territoriales de Industria no han aclarado por qué no se archiva el expediente.La Asociación de Vecinos se personó junto con Carlos Arribas de Ecologistas en Acción el 21 de febrero en la sede de los servicios territoriales para la consulta del expediente administrativo. Vecinos y Ecologios pudieron comprobar que el expediente ha permanecido sin actividad desde la presentación de las alegaciones y la solicitud de respuesta a la empresa promotora por parte de los servicios territoriales en noviembre de 2018. Para la misma fuente «la parálisis del expediente hace inviable en plazo del cumplimiento de los trámites como el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat a las alegaciones presentadas antes de dictar resolución, por lo cual esta entidad solicitó el archivo del mismo».

La solicitud del permiso de investigación, que contempla numerosas prospecciones y un ambicioso proyecto de explotación posterior ha despertado el rechazo unánime tanto de todos los partidos políticos como el tejido social local, por su impacto en turismo residencial y el medio ambiente. Orihuela y Pilar de la Horadada, que se opusieron en pleno a la actividad. La asociación espera y desea que Industria y Energía proceda a la cancelación inmediata de este polémico proyecto.