El Ayuntamiento de Bigastro tendrá que devolver 1.785 metros cuadrados de las instalaciones del polideportivo municipal a unos particulares tras una sentencia de la Audiencia Provincial. No cabe recurso. La sentencia prueba que en 1983 los terrenos fueron vendidos por un tercero ajeno a la familia de los propietarios pese a que existía una inscripción registral que impedía disponer de ellos y que ni el vendedor ni el Ayuntamiento, en aquel momento gobernado por José Joaquín Moya, respetaron. La familia Castaño ha logrado esta resolución judicial tras 12 años de pleito y un archivo en primera instancia, que recurrieron, y ahora la Audiencia les da la razón.
La reclamación de ejecución de sentencia que tramita ya un juzgado de Orihuela anticipa que será un perito contratado por los demandantes el que amojonará sobre el terreno la parcela afectada sin que el Ayuntamiento pueda hacer uso de ella. Además de ese suelo, la familia recupera otros vendidos en esas mismas fechas a más particulares en esta zona de huerta de Bigastro. La petición de ejecución de la sentencia solo contempla la restitución de la finca original, en ningún caso su valoración económica o permuta por otros suelos. El fallo de la Audiencia, según indica la resolución defendida por el abogado Jerónimo Sarmiento, declara nulo el contrato de compraventa con el Ayuntamiento, aprobado en el pleno del 30 de diciembre de 1983. Ese acuerdo alteró las inscripciones registrales de la fincas que ahora también deben restituirse, según dice el fallo, que indica expresamente que debe realizarse una restitución -no cualquier otro acuerdo de compensación-. La administración local solo «tiene derecho» a que le devuelvan lo que abonó más intereses al «vendedor»: 450.000 de las antiguas pesetas -eran suelos de huerta- más intereses; es decir 2.704 euros más intereses desde 1983, que ascienden a 5.861. En total 8.386 euros. Los dueños del suelo señalan que han intentado en reiteradas ocasiones que sea el Ayuntamiento el que ejecute la sentencia sin éxito.
Versión municipal
«El abogado del Ayuntamiento se puso en contacto con el de los afectados. Es un bien que está en un uso por parte del municipio desde hace más de 25 años por lo que habría que llegar a un acuerdo en un valor. El Ayuntamiento, terrenos no tiene» para compensar los que ha ocupado, indicó a este diario Teresa Belmonte (PP), alcaldesa de Bigastro.
«Es un asunto muy rocambolesco. Alguien se comprometió a vender algo que no era suyo al Ayuntamiento», indicó la alcaldesa, quien apuntó que la zona afectada corresponde a uno de los campos de entrenamiento de fútbol. «No vamos a consentir que haya ninguna modificación». «Es otra moyada», dijo la edil en alusión a la polémica gestión durante más de dos décadas del exalcalde socialista José Joaquín Moya.
