Un fiasco. Así podría definirse el convenio firmado en mayo de 2017 entre las Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela que tenía por objetivo la ejecución, por parte de la institución oriolana, de programas y proyectos en municipios cercanos a la capital de la Vega Baja pero integrados en la demarcación de la institución alicantina con base en la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, es decir, la comarcalización de la cámara oriolana. La Cámara de Orihuela no ha realizado ni una sola acción por medio de ese convenio en los dos años de vigencia, y no por no haberlo intentado. En declaraciones a INFORMACIÓN, el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, denuncia que las 21.900 empresas en la Vega Baja están «desasistidas» por parte de la Cámara de Comercio de Alicante «y queremos que tengan asistencia, porque en la comarca hay una pérdida de competitividad de nuestras mercantiles respecto a otras en las que la Cámara de Comercio de Alicante ejerce como tal y en la Vega Baja solo hace acciones puntuales».
En este sentido señaló que las mercantiles de la Vega Baja tienen derecho a recibir «los mismos servicios camerales que las de otras zonas y, al fin y al cabo, son programas con fondos europeos para beneficio de las empresas», indicó. «¿Por qué las empresas de Orihuela van a recibir este año 60.000 euros de fondos por contratación de jóvenes del programa Pice y solo va a ser para 10 cuando Alicante tiene 80?; y esas subvenciones a fondo perdido no llegan a la comarca», señala Martínez quien critica que solo un representante de la Vega Baja esté en el comité ejecutivo de la cámara alicantina. «Cámara Alicante tiene que buscar colaboradores, no enemigos, el bien común y no encerrarse en sí misma y ni hacer ni dejar hacer, decir esto es mío y yo no lo trabajo pero tu tampoco», criticó.
El presidente de Cámara Orihuela acusa a los responsables de la Cámara de Comercio de Alicante de haber puesto trabas a que la entidad cameral oriolana firmara acuerdos con los ayuntamientos de la Vega Baja para ofrecer servicios de asesoramiento a empresas e inserción laboral en los distintos municipios de la comarca. «Lo único que han pretendido es una cortina de humo porque el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, propuso lo de las cámaras comarcales y Alicante dijo 'vamos a firmar el convenio, hacemos el paripé, la cosa queda como que van a trabajar pero no lo van a hacer porque no les vamos a dejar'», indicó Martínez.
En estos dos años de vigencia del convenio, que concluyen el próximo mes de abril sin visos de renovarse, Cámara Orihuela ha tratado de mantener reuniones con los diferentes ayuntamientos de la Vega Baja. «Estaban encantados los alcaldes que decían que nunca se les había visitado», indicó Martínez, aunque sin ningún resultado por la negativa de la Cámara de Alicante a que firmara acuerdos con mercantiles o administraciones de fuera de Orihuela, donde tiene competencia. «Queríamos ser una especie de subsede de Cámara Alicante para prestar los servicios que ofrece Cámara España en la Vega Baja, en virtud del convenio, pero no nos han permitido firmar acuerdos con ayuntamientos y eso que íbamos a hacerlo como marcaba el convenio, conjuntamente con la cámara alicantina», explicó Martínez quien, no obstante, matiza que la relación con los dirigentes de la entidad cameral alicantina «es cordial» y dice no querer entrar en una guerra entre cámaras.
No obstante, insiste en que la intención de la Cámara de Alicante ha sido «la de no permitirnos trabajar en la comarca, sino bloquear que fuéramos comarcales». «Mientras existan instituciones que hacen las mismas tareas que nosotros, como Convega, con la que tiene convenio Cámara Alicante, será complicado trabajar», añade.
Papel mojado
Un convenio que nació con buenas intenciones pero que no tardó en quedar como papel mojado. «Por nuestra parte queríamos ser una especie de agente de la Cámara de Alicante en la Vega Baja porque esa entidad con 40 personas no puede dar servicio a una provincia tan especial como la de Alicante donde las comarcas son, incluso, más importantes que la propia capital y encima tenemos la suerte de contar con tres cámaras, la de Alicante, la de Orihuela y la de Alcoy», señaló.
Las Cámaras son entidades de derecho público pero necesitan tienen una parte privada y necesitan financiación que consiguen realizando acciones con empresas y ayuntamientos o con la venta de certificados de origen para que un empresario pueda exportar fuera de la UE. En este sentido reconoce que Cámara Orihuela está vendiendo a empresas de toda la comarca «porque no puedo decirle a un empresario de Cox que se vaya a Alicante porque dirá que para ir 50 kilómetros se va a Murcia y hay que mirar por el bien de las empresas y no por si una Cámara puede trabajar en un territorio o no», manifestó Martínez quien abogó por cambiar la Ley de Cámaras de 1915 que señala que las cámaras locales solo pueden actuar en su localidad. Desde Cámara Alicante declinaron ayer realizar valoraciones sobre lo dicho por el presidente de Cámara Orihuela.
El lobby empresarial AVE se reúne en Orihuela el 8 de abril
La Cámara de Comercio de Orihuela quiere convertirse en el «altavoz de la comarca a nivel de reivindicación de sus necesidades» en palabras de su presidente, Mario Martínez. Una buena oportunidad para que la Vega Baja sea escuchada será el próximo 8 de abril cuando se reúna en Orihuela, por primera vez, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que engloba a las 130 empresas más potentes de la Comunidad Valenciana con firmas como Mercadona o Porcelanosa. «Es el lobby empresarial que ha promovido el Corredor Mediterráneo», recuerda Martínez.
Será el momento para plantear viejas reivindicaciones comarcales como la Zona de Actividades Logísticas, la CV-95, la eliminación de los peajes en la AP-7 entre Alicante y Cartagena o el plan de suelo industrial. «Es muy importante esa reunión porque queremos que estos empresarios incluyan en su agenda todas las reivindicaciones de la Vega Baja», señala el presidente de la entidad cameral. Más ahora que una empresa de Orihuela acaba de entrar a formar parte de este «exclusivo» lobby empresarial, como es Transportes Grupo Perea, de la pedanía oriolana de San Bartolomé, que en 2017 facturó unos 14 millones de euros.
Martínez, además, pondrá sobre la mesa la infrafinanciación de la Vega Baja. «La Generalitat tiene un presupuesto de 19.000 millones de euros y la Vega Baja, que supone un 10% de la población de la comunidad, solo recibe 500 millones, cuando deberían ser 1.900, así que hay una infrafinanciación de más de 1.200 millones de euros», señala. Además, acusa al Consell de «habernos tomado el pelo» con el Plan de Acción Territorial «al permitir ahora 1.500 casas en Cala Mosca cuando defendía lo contrario», con la CV-95 «donde la solución no es poner rotondas» o con la parada del Tren de Alta Velocidad en Orihuela «sin conexión posible con el 60% de la población que vive en la costa».
