El Ayuntamiento de Orihuela va a requerir a los propietarios de las viviendas construidas sobre taludes y acantilados del litoral del municipio que costeen los trabajos necesarios para evitar desprendimientos sobre zonas de tránsito de personas, como es el caso del paseo marítimo que recorre las urbanizaciones costeras junto al mar desde Punta Prima a Mil Palmeras, y las playas. En las últimas semanas se han sucedido nuevos desprendimientos en el litoral oriolano que han puesto en alerta a los responsables municipales quienes, recientemente, se han reunido con la Dirección Provincial de Costas para solicitar asesoramiento para evitar caídas de rocas y piedras que pueden suponer un peligro. Técnicos de este organismo detectaron hace unas semanas desprendimientos en Cala Bosque, en La Zenia, e instaron al Consistorio a cerrar ese tramo del litoral, aunque éste se ha limitado a colocar unos carteles, en varios idiomas, alertando del peligro. En este caso la senda afectada es de un hotel y el Ayuntamiento ha anunciado que requerirá a sus propietarios para que costeen un proyecto que evite más desprendimientos y retranqueen la barandilla situada en el borde del talud por ser peligrosa.
Como sucederá con el hotel, el Consistorio enviará a todas las viviendas afectadas por tener voladizos un escrito obligándoles a sanearlo y eliminar, en su caso, el terreno saliente que suponga un peligro para quienes puedan pasar por debajo. En esta situación hay decenas de casas unifamiliares, auténticas mansiones en alguno de los casos, donde parte de la zona del jardín ha quedado, literalmente, en el aire. El terreno de esos taludes es inestable y hay un serio peligro de que esas construcciones puedan venirse abajo.
En la reunión que mantuvieron los ediles de Playas, Luisa Boné (Cs), y de Urbanismo, Rafael Almagro (PP), con responsables del Servicio Provincial de Costas, este organismo dejó claro que no autorizaría asentar los terrenos salientes con rellenos ni pilares ni muros de contención, solo permitiría la colocación de mallas o la eliminación de parte de la estructura de la vivienda, la que queda al aire, retranqueando el terreno. Es a lo que va a obligar el Ayuntamiento a los propietarios. Para ello deberán costear un proyecto que tendrán que enviar a Costas para su visto bueno y, una vez lo tengan, pedir los correspondientes permisos de obra a la Concejalía de Urbanismo. De no llevar a cabo los trabajos en un plazo prudencial, el Ayuntamiento los acometerá subsidiariamente, pasando después su coste a los dueños de las casas.
Preocupados
Los propietarios de las viviendas que se encuentran sobre los taludes se muestran muy preocupados ante la posibilidad de que haya nuevos desprendimientos, ya que parte de sus terrenos se han visto muy afectados y los derrumbes han provocado que los muros y vallas de su terreno estén prácticamente en el precipicio y hayan quedado torcidos. Muchas de estas viviendas se construyeron hace años cuando la planificación urbanística carecía de rigor y, en algunos casos, están en una situación similar a la de fuera de ordenación. Sobre esos acantilados hay numerosas viviendas unifamiliares a las que solo se les permiten pequeñas obras de reforma y consolidación de la estructura.
La edil de Playas, Luisa Boné, recuerda que el Ayuntamiento ya acometió obras como una escollera de piedra en Agua Marina y trabajos de afianzamiento en los acantilados de Cabo Roig en mayo de 2017. Estos últimos consistieron en sujetar con mallas los acantilados para evitar los desprendimientos incontrolados por la erosión de la roca. Pero el mallado no asegura internamente los taludes porque es una actuación que no se puede realizar. «El Ayuntamiento puede costear los tramos genéricos donde haya peligro, pero no los puntos más concretos que afectan a una vivienda y habrá que instar a sus propietarios a que tomen las medidas necesarias», señala Boné. La edil pone de manifiesto que «aunque es cierto que el Ayuntamiento tiene responsabilidad sobre la seguridad de las personas, los propietarios de las viviendas en taludes también, y es algo que muchas veces desconocen, y lo que no puede hacer el Consistorio es pagar la obra de cada uno de ellos».
Urbanismo acaba de conceder un permiso de obra al propietario de un chalé en Cabo Roig situado sobre un talud para acometer una actuación tendente a salvaguardar su propiedad, ante el riesgo de que parte de la estructura caiga. «Tendrá que sanear el talud y, quizá, el informe técnico que se está elaborando señale que hay que quitar la parte de arriba, la que esté en voladizo que supone un peligro», explica el edil de Urbanismo, Rafael Almagro. Almagro reconoce que colocar mallas no es suficiente para evitar el peligro de desprendimiento, como sucedió recientemente en el paseo de Cala Capitán donde las sujeciones no aguantaron la caída de rocas.
Los vecinos, por su parte, se muestran cautelosos a las intenciones del Ayuntamiento. Para el portavoz de la Federación de Asociaciones de Orihuela Costa (FAOC) «parece una cortina de humo, una patada hacia adelante». Tomás Moreno señala que «las únicas soluciones son eliminar los voladizos o poner un talud de roca y esto segundo no lo autorizará Costas, porque las mallas no funcionan». Moreno pone en duda que los propietarios acepten costear los trabajos y hace hincapié en que se debería valorar, con nuevos informes, el peligro de nuevos derrumbes. «En diciembre pedimos por escrito al gobierno local que encargara un completo estudio geotécnico y geomorfológico que evaluara el riesgo existente y que ofreciera una respuesta de actuación que sea compatible con los criterios aplicados por la Dirección General de Costas para preservar esta servidumbre de paso, pero ni nos han contestado, como están acostumbrados a hacer», lamenta.
