Las asociaciones de Torrevieja APANEE (de familiares de niños con necesidades educativas especiales) y ALPE (de familiares de personas con diversidad intelectual) se unieron ayer para defender la apertura de un centro de atención de personas con diversidad física e intelectual en la localidad. En una manifestación, expresaron su firme rechazo a la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que pretende destinar una parte del centro de dependientes, que lleva desde 2012 cerrado, a un centro de menores tutelados.

La protesta, que partió de la Avenida Delfina Viudes y llegó hasta la puerta del Ayuntamiento de la ciudad salinera, fue respaldada por cerca de 200 personas, entre familiares, amigos, vecinos y otras asociaciones de la provincia de Alicante que se sumaron a la causa reivindicativa ante el nuevo uso que la Generalitat quiere otorgar al centro. Según afirmaron desde las asociaciones convocantes, «se trata de colectivos opuestos que no pueden estar alojados bajo un mismo techo», en alusión a las necesidades de las personas con discapacidad y las de los menores tutelados.

«Solicitamos que se mantenga la finalidad por la que fue construido este espacio en Torrevieja, porque nuestros hijos e hijas tienen unas necesidades diferentes, que incluye la incorporación de profesionales distintos, además de un entorno ideal para ellos», explicaron desde los colectivos convocantes. La protesta, que contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y Contigo -asistieron, entre otros, el portavoz municipal de los populares, Eduardo Dolón, y el concejal Tomás Ballester-, acabó ante el Consistorio, donde se leyeron dos manifiestos por parte de las presidentas de ALPE, Fina Sala, y de APANEE, María Sánchez. Estas lecturas se basaron en la reclamación de «derechos reconocidos a estos colectivos, pero que no son aplicados», matizó Sánchez.

En la manifestación, también hubo mención para el equipo de gobierno local, ya que se pudieron ver una serie de pancartas en contra del alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, y los ediles José Hurtado y Carmen Morate (Los Verdes). Los convocantes señalaron que estas alusiones de debían al desamparo en el que, en su opinión, les han dejado las autoridades municipales en este asunto. Además, lamentaron la incógnita sobre el futuro del edificio. «Necesitamos tener un lugar cercano a casa y no tener que desplazarnos a otros municipios cuando ya existe un edificio para dar futuro a nuestros hijos aquí», indicó la presidenta de ALPE.

Para estas asociaciones, las dificultades se han acentuado más en los últimos meses, por eso también en la manifestación hubo cabida para recordar el tema de las subvenciones, que APANEE no ha recibido y que «necesitamos para seguir desarrollando la actividad que se realizan con los niños y las niñas que forman parte de nosotros», dijo su presidenta.

Inversión de 4,6 millones de euros de fondos estatales

La cesión municipal del edificio fue aceptada por la Generalitat Valenciana que amplió el servicio inicial, que era el de un centro de atención a la diversidad. No hubo acuerdo oficial entre 2011, cuando se construyó el edificio, y el año 2015 para que los usuarios finales fueran las asociaciones ALPE y APANEE u otras dedicadas a la atención de la discapacidad, pero sí declaraciones públicas de los responsables municipales de ese momento.