El departamento de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Torrevieja estuvo pasando al cobro de tasas por la instalación de mesas y sillas a dos quioscos cuando estas instalaciones estaban ubicadas en suelo privado, según la demanda que ha presentado el propietario de los establecimientos -clausurados por orden municipal antes del verano de 2017-. La empresa que durante más de una década instaló dos chiringuitos con terraza en la zona de Cala Piteras y Punta Prima, ha demandado al Ayuntamiento por el cobro, a su juicio indebido, de114.000 euros en concepto de tasas por ocupación de vía pública. El importe corresponde a los cuatro últimos años de actividad, que son los que se pueden reclamar. La demanda, de la que informó ayer el gobierno municipal de forma genérica al dar cuenta de los puntos abordados en el orden del día, explica que el área de Actividades de Torrevieja ordenó la clausura de estos chiringuitos y un tercero -propiedad de otra empresa- con el argumento de que el suelo era rústico, y estaba afectado por la ley de Costas, además de que los locales carecían de licencia de obras y apertura, entre otros requisitos. El propietario, que cerró y retiró las instalaciones, argumenta en la demanda que el suelo en el que se ubicaban las instalaciones en primera línea del litoral ni era suelo no urbanizable ni estaba en servidumbre de paso y dominio público, como indicaban los informes municipales. El terreno correspondía a un propietario privado -un conocido promotor que está levantando en la zona varias torres de apartamentos-, por lo que no era aplicable la ordenanza que regula el uso de espacios públicos municipales-calles y plazas- o de titularidad municipal con el abono de una tasa regulada en una ordenanza. La firma, que instalaba los populares quioscos Sunrise -uno de ellos sobre los restos de un refugio de la Guerra Civil- asegura que no era su responsabilidad certificar si requería el pago de ocupación de vía pública cuando los funcionarios municipales acudieron a reclamar ese abono. Para el demandante se ha producido un «enriquecimiento ilícito» por parte de las arcas municipales. El afectado, que abría sus puertas casi todo el año, solo puede reclamar el reintegro los cuatro últimos ejercicios de instalación de mesas y sillas junto al mar, además de los intereses de demora.
La demanda viene a confirmar la confusión, falta de medios y de supervisión municipal de la gestión de la Ocupación de la Vía Pública «heredada» de hace muchos años y mantenida en este mandato con solo dos policías adscritos para controlar cientos de terrazas y ocupaciones de obras, que se validan sin licencia con el pago de tasas. Aunque se confirmara que los quioscos estaban en suelo privado requerían igualmente de una tramitación que difícilmente hubieran obtenido porque se ubican en servidumbre de protección del litoral. El escrito no explica cómo era posible ocupar un suelo privado creyendo que era público, algo de lo que hace responsable a la administración local y aclara que no tenía por qué conocer que en realidad estaba haciendo uso de un suelo privado -la firma no recibió reclamación alguna por parte del propietario del suelo o no lo hace constar-, según pudo comprobar este diario, que ayer intentó contactar con el abogado del empresario. El cierre de los quioscos, muy populares en primera línea de una zona en expansión del sur de Torrevieja, generó polémica, en especial por el hecho de que se ordenara la clausura justo antes del inicio de la temporada alta.
Mas de un millón de euros al año en ingresos
Para instalar terrazas en vía pública el Ayuntamiento solicita que los locales acrediten que cuentan con licencia de apertura, una memoria de las instalaciones, que no tenga deudas con el Consistorio y la cuantificación de la superficie que se quiere instalar. La ordenanza hace mención a la concesión de una licencia o autorización posterior que valide el procedimiento y que en Torrevieja no se emite. El ingreso por estas tasas supera el millón de euros al año.
El juez archiva la querella que investigaba la gestión del edil Manzanares en la instalación de mesas y sillas
El auto cree «irregular» que ninguna terraza en Torrevieja tenga licencia pero matiza que no ve relevancia penal
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrevieja ha sobreseído provisionalmente la investigación por la querella interpuesta por un particular sobre supuestas irregularidades en la gestión de la ocupación por terrazas de la vía pública. La querella por supuesta prevaricación se archiva en primera instancia y señalaba al secretario general del PSOE y concejal de Ocupación de Vía Pública, Javier Manzanares, que acudió a declarar en este procedimiento en calidad de investigado y ahora deja de estarlo. Lo hizo como testigo el policía local adscrito a la gestión de esas ocupaciones.
El particular recurre
Para el PSOE local, que hizo pública la resolución en Facebook y luego con una escueta nota «este auto reafirma las palabras del edil Manzanares, que siempre ha sostenido que tuvo que resolver una situación heredada del gobierno del PP de Torrevieja». El abogado de los vecinos afectados por la instalación irregular sobre el paseo de La Mata ha anunciado que recurrirá el auto de sobreseimiento provisional. La querella indicaba que desde 2014 un conocido restaurante de una vecina de Torrevieja instala una terraza sobre el paseo de La Mata ocupando y desplazando mobiliario público, e incumpliendo la ordenanza.
El policía local que declaró como testigo admitió que ninguna terraza de las ochocientas que hay en Torrevieja está amparada por un acto administrativo o licencia y aseguró que no está en sus manos iniciar procedimientos de sanción. El juez indica que se denuncian hechos que se remontan a 2014 y que «como máximo pudiera entenderse existente una infracción administrativa que viene siendo heredada y arrastrada por distintos consistorios». En concreto, especifica el auto, que «ningún establecimiento tiene licencia de ocupación y se limitan a abonar las tasas correspondientes». El magistrado deduce que «el trato otorgado al hecho denunciado - la instalación irregular- es el mismo que se le concede al resto de ciudadanos, con el mecanismo habitual desde antaño».
El Ayuntamiento sí puede actuar sancionando a la terraza, algo que no consta que haya realizado hasta la fecha.
