La edil de Educación de Callosa de Segura, Ángela Pedrera (PSOE), motivó los recelos de algunos de los miembros del Consejo Escolar Municipal al señalar en la sesión celebrada el pasado mes de diciembre que para atender las solicitudes de escolarización de menores cuyos padres estén en una situación irregular en España primero debían legalizar su situación antes de atender la solicitud de la plaza escolar. Las palabras de la edil llegaron en un punto en el que, a solicitud de la propia Concejalía de Educación, se debatieron las gestiones que ésta había llevado a cabo respecto a la matriculación sobrevenida (aquella que se realiza fuera de plazo, es decir, una vez ha comenzado el curso escolar y a la que se acogen, sobre todo, inmigrantes).
La edil mostró sus dudas sobre la matriculación de dos niños de origen árabe a cuyos padres les había caducado el periodo de estancia de 90 días que les permite un visado como turista. Los padres solicitaron escolarizar a sus hijos en un centro de Callosa pero a la edil de Educación le surgieron las dudas sobre si debía hacerlo, llegando a la conclusión, en esa ocasión, de que solo cuando los progenitores tuvieran papeles se tramitaría la solicitud de plaza escolar. En el caso de las matriculaciones escolares fuera de plazo es la Comisión de Escolarización, que depende de la Concejalía de Educación, la que decide aceptar o no las solicitudes que se le entregan.
La concejal socialista, para llegar a esa conclusión que vulneraría la ley de educación valenciana y las directrices de la Conselleria de Educación, informó en el Consejo Escolar de que había hecho varias consultas tanto en el cuartel de la Guardia Civil del municipio como, por teléfono, con la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional, referente a la documentación que aportan los alumnos extranjeros cuando vienen a solicitar esa plaza escolar. La edil señaló en el Consejo Escolar que ambos cuerpos policiales corroboraron lo que estaba planteando, que «desde la Concejalía se comunica a estas personas que deben regularizar su situación en nuestro país y, en ese momento, se atenderá su solicitud de plaza escolar», según el acta de esa sesión celebrada el pasado 3 de diciembre y a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN.
La decisión de la edil de Educación no sentó nada bien a algunos de los miembros que componen ese Consejo Escolar quienes reprocharon su actitud. Fue el caso del Vicedirector del IES Vega Baja, Javier Belda, quien mostró sus recelos respecto a que no se escolarice a un niño o a una niña en edad escolar. El Inspector de Secundaria de la Dirección Territorial de Educación se mostró también sorprendido y rechazó tal medida alegando que «un menor de edad no es imputable para ningún delito, son los padres los que se encuentran en situación irregular», según consta en el acta. Reproches que Ángela Pedrera solo atinó a decir que no se negaba a la escolarización pero, volvió a insistir, en que «desde la Concejalía de Educación, en el supuesto contemplado anteriormente, se les dice que regularicen su situación en nuestro país y, en ese momento, se les tramitará la solicitud de plaza escolar».
Constitución
Este diario se puso ayer en contacto con la edil de Educación, Ángela Pedrera, quien aseguró que los dos casos de niños inmigrantes sobre los que había las dudas finalmente fueron matriculados en centros escolares del municipio. Eso sí, semanas después y tras una reunión que mantuvo la concejal con el alcalde del municipio, el socialista Fran Maciá y miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. «Eran solo dos casos de 111 que llevamos atendidos desde septiembre por matriculación sobrevenida», indicó la concejal quien asegura que suele tratarse de «niños árabes, principalmente de Marruecos, cuyos padres están en situación irregular viviendo en el municipio». «Invité a esos padres a que acudieran a la comisaría de Alicante a regularizar su situación, por tener el pasaporte caducado», explicó, aunque aseguró que se escolarizó a los menores antes de solucionar la situación legal de sus padres, un trámite muy tedioso en la mayoría de ocasiones. «Finalmente decidimos matricular a esos menores para cumplir con la Constitución que señala que todos los niños tienen derecho a la escolarización», indicó la edil.
Desde la Conselleria de Educación también mostraron su rechazo a la situación provocada en el consejo escolar callosino y señalaron que «por supuesto estos niños tienen todo el derecho a recibir una educación digna y de calidad en la Comunidad Valenciana, sin duda; y, la Generalitat lo garantizará, ya que estamos hablando de derechos humanos básicos». Por su parte, el director del IES Vega Baja, Javier Belda que asistió a la reunión, señaló ayer que «no sé de leyes, pero me extrañó que un niño que llegara aquí y que sus padres estuvieran de manera irregular se quedara sin escolarizar porque entonces, ¿qué se hace con esos menores?, ¿se quedan en la calle?», criticó.
Pedrera: «No se cumplía la Ley de Extranjería y no podía hacer yo el trabajo de un policía»
«No sabía hasta qué punto yo tenía la obligación de matricular a esos menores cuando sus padres están en situación irregular por si cometía una irregularidad yo». Es la justificación que dio ayer a este medio la edil de Educación tras desvelarse que en un Consejo Escolar indicó que solo se debía matricular a menores cuyos padres están en situación legal en el país, tal y como asegura le indicaron los cuerpos de seguridad del Estado. Ángela Pedrera dice fueron solo dos los casos con duda «porque no se cumplía la Ley de Extranjería y no podía hacer yo el trabajo de un policía o guardia civil». Y se pregunta «¿cómo vamos a hacer una documentación legal en un organismo oficial cuando lo que te presentan es ilegal?».
Pedrera señala que no es un acto de racismo o xenofobia y que solo quería despejar dudas legales sobre la situación de matricular a menores sin papeles. «La Constitución dice que, independientemente de que una familia o un menor estén en situación irregular, se le debe escolarizar a ese niño y no voy a hacer de policía, me limito a ese artículo de la Constitución», señala. E insiste en que sus dudas fueron despejadas en otra reunión que mantuvo con policías y el regidor callosino y a partir de ahora «todo el que llega se matricula y ya está».
