14 de marzo de 2019
14.03.2019
Bigastro

El PSOE de Bigastro denuncia ante el fiscal a la alcaldesa por prevaricación en los presupuestos

Acusa a Teresa Belmonte (PP) de ocultar la alegación de una empresa a la que el Consistorio adeuda más de 1 millón de euros

13.03.2019 | 23:05
El PSOE de Bigastro denuncia ante el fiscal a la alcaldesa por prevaricación en los presupuestos

El equipo de gobierno no ha incluido la partida para poder pagar a la mercantil.

El PSOE de Bigastro ha llevado a la Fiscalía de los juzgados de Orihuela a la alcaldesa de Bigastro, la popular Teresa Belmonte, y a su equipo de gobierno por una presunta prevaricación en la aprobación de los presupuestos de 2018, a los que el PP dio luz verde a finales de año. Los socialistas acusan a los populares de incumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condenó al Consistorio al pagar a una empresa 1.030.000 euros y no haber incluido esa partida en los presupuestos de 2018, aprobados a finales del pasado año, a pesar de que la mercantil presentó alegaciones en tiempo y forma cuando se aprobaron inicialmente y se publicaron en el BOP.

La empresa afectada manifestó su desacuerdo con la aprobación inicial de los presupuestos que se llevó a cabo en julio de 2018. Como es preceptivo, las cuentas se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia para el requerido plazo de exposición al público y la presentación de alegaciones. La mercantil, que tiene ganada una sentencia firme al Ayuntamiento, presentó alegaciones el 13 de agosto para que se modificara la partida presupuestaria al haberse omitido el crédito necesario en esos presupuestos para hacer frente al cumplimiento de dicha sentencia que obliga al Consistorio al pago a la empresa de más de un millón de euros. Sin embargo, sorprendentemente, tal y como indican los ediles del PSOE, el BOP publicó el 5 de septiembre la aprobación definitiva del presupuesto de 2018 indicando que no se había presentado ninguna alegación en el plazo correspondiente. La portavoz socialista y candidata del PSOE a las elecciones del 26 de mayo, María del Carmen Medina, se pregunta «¿quién obvió esa alegación presentada y con qué objeto?».

Para Medina «supuestamente han existido maniobras para ocultar esa alegación, aprobar los presupuestos y no incluir el pago a la mercantil». Ante estos indicios de irregularidades la portavoz del PSOE ha decidido presentar una denuncia ante el fiscal. Para la portavoz del PSOE no es algo nuevo la falta de transparencia del equipo de gobierno liderado por Teresa Belmonte. «Durante el mandato no se nos ha aportado la información requerida por la oposición, y así lo reconoció el Síndic de Greuges», lamenta.

El grupo socialista preguntó en el pleno de noviembre por esa obviada alegación «y la alcaldesa y el edil de Hacienda se vieron sorprendidos y dijeron que no tenían constancia de que hubiera ninguna alegación a los presupuestos», explica Medina. Fue entonces cuando, tras solicitar un informe a la Secretaría, «la única respuesta que obtuvimos fue la de realizar un pleno extraordinario y urgente a pocos días de finalizar el año y que no se realizó ni en los plazos ni en los tiempos estipulados y podría llegar a ser nulo por lo que presentamos un recurso de reposición que nos desestimaron», critica la edil del PSOE.

En la denuncia a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el grupo municipal socialista señala que «entendemos que la demora en resolver la alegación fue premeditada, con el único objetivo de pasar los plazos para acogerse a los Fondos de Ordenación 2019 del Ministerio de Hacienda y así poder desestimarla diciendo que no hay fondos, como así ha sido»». Para el PSOE la alcaldesa y su gobierno han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación para evitar que la empresa cobre la deuda reconocida por sentencia firme.

El asunto viene de lejos, de cuando gobernaba en el municipio el exalcalde socialista, José Joaquín Moya. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó la condena por la que el Ayuntamiento de Bigastro debía devolver 1.030.000 euros que recibió en 2006 por vender su 10% de aprovechamiento lucrativo del plan sector D-12. Proyecto que el propio municipio descartó tramitar en 2012. A esa cantidad deberá sumar el municipio los intereses de demora (3.000 euros mensuales desde que se dictó la sentencia y que siguen acumulándose). Este diario se puso en contacto con la regidora bigastrense, Teresa Belmonte, quien evitó responder a las preguntas de este diario y pronunciarse sobre la denuncia presentada por el PSOE en la Fiscalía.

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