14 de marzo de 2019
14.03.2019

Belmonte dice que no incluir la alegación de una empresa en los presupuestos fue un "error administrativo"

La alcaldesa de Bigastro, ante la denuncia a la Fiscalía del PSOE por presunta prevaricación, señala que da prioridad al pago a las empresas que aceptan una quita de la deuda

14.03.2019 | 23:09
Belmonte dice que no incluir la alegación de una empresa en los presupuestos fue un "error administrativo"

La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), ha señalado que se trató de "un error administrativo" el hacer caso omiso a la alegación de una empresa a los presupuestos de 2018, a la que el Consistorio debe más de un millón de euros y que, a pesar de tener una sentencia firme que obliga al pago a la administración, el equipo de gobierno no ha incluido una partida para hacer frente a la deuda. La reacción de la regidora bigastrense llega el día en el que este diario ha publicado que el PSOE de Bigastro ha llevado a la Fiscalía de los juzgados de Orihuela a Teresa Belmonte y a su equipo de gobierno por una presunta prevaricación en la aprobación de los presupuestos de 2018, a los que el PP dio luz verde a finales de año. Los socialistas acusan a los populares de incumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condenó al Consistorio al pagar a una empresa 1.030.000 euros y no haber incluido esa partida en los presupuestos de 2018, aprobados a finales del pasado año, a pesar de que la mercantil presentó alegaciones en tiempo y forma cuando se aprobaron inicialmente y se publicaron en el BOP.

Belmonte señala que "no puedo, ni debo, hacer responsable a nadie de la realidad de que los escasos medios para la gestión en un ayuntamiento pequeño, que hace difícil un eficaz control administrativo y que se produzcan errores de este tipo" y señala que esto es consecuencia "de la nefasta gestión de los gobiernos socialistas, que durante décadas han generado un caos administrativo y financiero que llevamos años poniendo en orden, y recordarles que de estos barros provienen de aquellos lodos".

La regidora, además, argumenta que el Ayuntamiento de Bigastro está atendiendo las sentencias a las que se le condena por procedimientos judiciales "que proceden de las irregularidades llevadas a cabo por los gobiernos socialistas, tras llegar a acuerdos de quita de los importes condenados con los acreedores". Y que esta gestión de negociación ha permitido al Ayuntamiento de Bigastro ahorrarse más de 8,5 millones de euros en estos cuatro años de mandato. "Esta empresa de Bigastro ha sido invitada a negociar el importe de su sentencia, invitación que ha rechazado en varias ocasiones pues no está dispuesta a rebajar ni un solo céntimo del importe que le ha reconocido el juzgado, y que en mi sincera opinión es legítimo, pero es igualmente legítimo y de sentido común, y de obligación para este equipo de gobierno, velar por los intereses de su pueblo, y que el ayuntamiento de Bigastro, ante las numerosas sentencias a las que se enfrenta, haya tomado la decisión de priorizar el pago de aquellas en las que los acreedores están dispuestos a negociar a la baja el importe de sus sentencias", señala la alcaldesa.

Belmonte asegura que en ningún momento ha habido ninguna maniobra interesada para no atender la alegación al presupuesto que presentó la empresa en cuestión. "De hecho una vez conocedores de la misma, se resolvió con la mayor agilidad que los recursos del ayuntamiento permiten. Ha sido únicamente un error administrativo, el cual asumo, en mi calidad de última responsable y representante del Ayuntamiento de Bigastro". Y señala que le suscita dudas que los concejales del grupo socialista defiendan el pago íntegro de una sentencia a favor de una empresa "que en los años de gobierno socialista tenía una estrecha relación con este ayuntamiento". "Y yo me pregunto, ¿por qué tienen ese interés en que paguemos hasta el último euro de esa sentencia sin negociar para conseguir rebajar su importe, tal y como como se ha hecho con el resto de las sentencias que se han pagado? ¿Es que acaso son conocedores de algún oculto acuerdo de esta empresa con los responsables políticos de su partido? Tal vez quienes tengan que dar cuenta ante la fiscalía, sean ellos", dice Teresa Belmonte.

En la denuncia a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el grupo municipal socialista señala que «entendemos que la demora en resolver la alegación fue premeditada, con el único objetivo de pasar los plazos para acogerse a los Fondos de Ordenación 2019 del Ministerio de Hacienda y así poder desestimarla diciendo que no hay fondos, como así ha sido»». Para el PSOE la alcaldesa y su gobierno han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación para evitar que la empresa cobre la deuda reconocida por sentencia firme.

El asunto viene de lejos, de cuando gobernaba en el municipio el exalcalde socialista, José Joaquín Moya. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó la condena por la que el Ayuntamiento de Bigastro debía devolver 1.030.000 euros que recibió en 2006 por vender su 10% de aprovechamiento lucrativo del plan sector D-12. Proyecto que el propio municipio descartó tramitar en 2012. A esa cantidad deberá sumar el municipio los intereses de demora (3.000 euros mensuales desde que se dictó la sentencia y que siguen acumulándose).

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