Un centenar de trabajadoras de la limpieza de la residencia de mayores pública de Torrevieja, familiares de estas empleadas, y usuarios de este centro protagonizaron ayer una protesta frente al Ayuntamiento para exigir una solución al conflicto laboral que arrastran desde hace veinte días. La veintena de empleadas de la limpieza decidieron ejercer su derecho a huelga para reclamar el impago de su sueldo de enero, febrero y una paga de beneficios que fija su convenio para ese mismo mes, además del incumplimiento en el suministro de vestuario de trabajo.

El impago Limpiezas Raspeig-Netalia y los 20 días de huelga pesa sobre las trabajadoras, con un sueldo que en muchos casos es el único que entra en sus casas «y donde hipotecas o alquileres no esperan», según indicó ayer Ana Esteve, una de las representantes sindicales de la plantilla.

La plantilla de la misma empresa también está de huelga en institutos y otros centros públicos de la Generalitat. Las limpiadoras están cumpliendo los servicios mínimos lo que ha permitido mantener permite un nivel de salubridad mínimo en la residencia que ha empeorado con el paso de los días, pese al refuerzo de la Conselleria con dos trabajadoras de los servicios territoriales. La misma fuente indica que la empresa ha aportado un calendario de pagos a la Generalitat para cerrar el conflicto. Calendario que ha incumplido en otras ocasiones en los últimos días en los que ha negociado con los sindicatos.

A la protesta también se sumaron partidos políticos. El alcalde José Manuel Dolón no recibió a las trabajadoras en un primer momento. Sobre las 12 de la mañana una representación de las trabajadoras acudió a la segunda planta de Acaldía. El secretario del primer edil les dijo que en ese momento no podía atenderlas porque estaba en una reunión. Algunas fuentes indican que sugirió a las empleadas -que realizan su huelga en coordinación con los sindicatos y 600 trabajadores más- que acudieran al juzgado. Sobre las dos de la tarde, según ha indicado hoy el equipo de gobierno Sí fueron recibidas

Una representación de las mismas (cinco de las trabajadoras) fueron recibidas por el alcalde "como hace con todos los colectivos que así lo solicitan. Se reunieron durante 30 minutos, donde le informaron de la situación y el alcalde tomó nota de sus reclamaciones, alcanzando el compromiso de dirigirse por carta y telefónicamente a la Conselleria de Vicepresidencia y de Hacienda para interesarse por el tema de la contratación", según las mismas fuentes.

La edición impresa de este diario recoge hoy por error que no fueron recibidas. Las trabajadoras, los partidos políticos presentes en la protesta. El equipo de gobierno no se pronunció ayer sobre este recibimiento.

Partidos políticos

Por parte del PP, acudió el diputado nacional Joaquín Albaladejo y el diputado autonómico Juan José Zaplana. También el secretario general del PSOE local y edil Javier Manzanares. Una formación que está en el gobierno de la Generalitat. La Conselleria de Políticas Inclusivas no se pronuncia -públicamente- sobre este conflicto, más allá de anunciar que ha abierto expedientes de sanción a la empresa por el impago o asegurar que es un problema entre la mercantil y los trabajadores y que el Consell sí cumple con sus pagos a la mercantil.

El diputado autonómico del PP, Zaplana, aseguró que «Torrevieja es un ejemplo único de maltrato a una ciudad por parte de Mónica Oltra en sus competencias y que «es inconcebible que no solo no le reclame responsabilidad a esta empresa para que cumpla con sus obligaciones, sino que además les a prorrogado el contrato», y que «en una situación idéntica en otro servicio , Ximo Puig y Mónica Oltra han declarado la urgencia del servicio y lo han dado con otra empresa y las mismas trabajadoras».

Para el diputado nacional Albaladejo «es absolutamente increíble la presencia de concejales del PSOE sin hacer absolutamente nada. Estaban tomando el sol cuando su partido gobernado en Valencia no hacía nada por dar servicio a los ancianos. En la protesta también estuvieron los dos ediles de Sueña Torrevieja, Pablo Samper y Alejandro Blanco. Concejales que también han visitado la propia residencia tanto para secundar las protestas frente al edificio como para conocer el estado de las dependencias.

Las trabajadoras agradecieron este respaldo político.

Convocan una movilización por el centro de menores

Las asociaciones de ALPE (familiares de personas con diversidad intelectual) y APANEE (familiares de niños con necesidades educativas especiales) están difundiendo una convocatoria de protesta y manifestación para el próximo domingo con el objetivo de rechazar que parte del centro de dependientes -terminado y sin uso desde 2012- se destine a centro de menores tutelados como tiene previsto la Conselleria de Políticas Inclusivas.

Las asociaciones califican en su convocatoria a los menores como «conflictivos» -la Generalitat tutela y respalda los menores que carecen de familia-. La protesta será a las 10.30 desde el centro de discapacitados en la Avenida de Delfina Viudes «contra el uso que la Generalitat quiere» dar al edificio y «rechazando la convivencia en un mismo edificio dos colectivos completamente opuestos. Combinando lo más conflictivo (sic) con lo más vulnerable». La cesión municipal del edificio, aceptada por la Generealitat, recoge albergar un punto de encuentro familiar, un centro de menores tutelados y el centro de atención a la diversidad previsto inicialmente. El edicicio se levantó con una inversión 4,6 millones de euros de fondos estatales en 2011. No existe acuerdo oficial que concretara entre esa fecha y 2015 que los usuarios finales fueran ALPE y APANEE.