Es una escena que se repite desde hace años sin que se deriven responsabilidades administrativas o penales para los responsables. Agentes ambientales de la Generalitat y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han paralizado la roturación de más de cinco mil metros cuadrados que estaba realizando una empresa agrícola en suelo forestal en las proximidades de Hurchillo.
La voz de alarma la dio Amigos de Sierra Escalona (ASE) en la tarde del miércoles cuando miembros de esta asociación y vecinos de la zona observaron cómo maquinaria pesada abancalaba un cerro situado junto a la carretera secundaria que une Hurchillo y Torremendo, pasado el camposanto de Hurchillo en dirección a esta pedanía oriolana.
Los terrenos figuran catalogados como forestales en el Plan de Acción Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), tal y como confirma la cartografía de la administración autonómica. Aunque la superficie sea de titularidad privada en ningún caso se pueden roturar si están clasificados como rústicos forestales, como es el caso. Requeriría un trámite de reclasificación y autorización expresa por parte de la administración. En este cabezo había zona pinares y matorral mediterráneo. Es una zona de dispersión de aves rapaces protegidas como el buho real, y probablemente de nidificación, tal y como apuntaba ayer la Asociación, en la que es su enésima denuncia de la transformación de suelo forestal en agrícola que realiza en los últimos años, en este caso cerca del ámbito de Sierra Escalona pero fuera del entorno del Paisaje Protegido.
Fuentes del colectivo ecologista indicaron que en los alrededores se han puesto en explotación cultivos de cítricos que pertenecen a la misma empresa que ha roturado estos terrenos. En la zona afectada existe una infradotación de recursos hídricos desde hace décadas. Hay mucho más suelo agrícola del que puede abastecer la concesión de agua del río Segura, la procedente del Trasvase Tajo-Segura o el que se puede abastecer con pozos con caudales de mala calidad por su elevada conductividad. La zona transformada de forestal a agrícola aunque se quiera destinar al cultivo de regadío no tiene garantizada la dotación de recursos hídricos que le dé viabilidad.
El sector agrícola niega que se produzcan estas roturaciones ilegales, cuando este tipo de roturaciones es una constante desde hace casi cuatro décadas, con la llegada de las infraestructuras del postrasvase a la comarca, en algunas zonas de las estribaciones de las sierras de Pujálvarez, Escalona, el Cristo en los términos municipales de San Miguel, Pilar de la Horadada y Orihuela.
ASE mantiene que en este caso que jamás se ha cultivado en la zona afectada por las roturaciones, ni siquiera en secano y que se trata de una zona forestal y una ilegalidad manifiesta. Las mismas fuentes aseguran que muchos terrenos que podrían tener apariencia de forestales son agrícolas y que es cuando se transforman -como una forma de alternar en los cultivos- cuando llegan las denuncias.
Judicial
Las roturaciones se dan pese a que en algunos casos -los menos- las denuncias tienen un recorrido judicial. Es el caso de un procedimiento que juzga la Audiencia Provincial de Elche en el que el que la Fiscalía pide, en su acusación provisional, cerca de cinco años de prisión y una sanción de tres millones de euros para el propietario de una finca situada en la Sierra del Cristo, en el término municipal de Orihuela lindando ya con Murcia, por roturar 10 hectáreas de terreno, una práctica prohibida sin los pertinentes permisos, para dedicar las parcelas al cultivo de olivos, según el escrito de acusación del fiscal. Los hechos se remontan a hace casi 14 años. Se produjeron en 2005.
