La subdirección general de Puertos de la Generalitat «ha aclarado», según interpreta el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, la situación en que se encuentra el taller de calafate de la playa del Acequión, en el interior de la dársena portuaria. La administración autonómica informa que no existe concesión para la explotación de esa actividad en la referida playa. El municipio ordenó el cierre de esta nave del último calafate que trabajaba en la ciudad al carecer de licencia de actividad. Este informe es contestación al escrito del Ayuntamiento con motivo de la solicitud realizada por la persona que se consideraba titular del mismo, requiriendo, si la hubiera, concesión en vigor para la explotación de la actividad de «taller de calafate» en la ubicación indicada. Puertos informa al respecto que «examinados los documentos obrantes en estas dependencias, no existe concesión alguna para la explotación de la actividad de 'taller de calafate' en la playa del Acequión». La administración aclara que la ubicación del taller de calafate está comprendida en la playa del Acequión, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de acuerdo al convenio entre la Autoridad Portuaria de Alicante (que dejó de gestionar el Puerto de Torrevieja en 2000 en favor de la Generalitat) y el Ayuntamiento sobre el uso de la playa del Acequión firmado el 17 de noviembre de 1997, con carácter indefinido y que, según el equipo de gobierno «continúa vigente».
Los principales puntos de ese convenio indican que la Autoridad Portuaria de Alicante cede al Ayuntamiento una superficie de 22.399 m2 de la playa del Acequión, en una longitud de 560 metros desde el Muelle de la Sal hacia el canal de alimentación de las Salinas con el fin de «que puedan llevarse a cabo instalaciones desmontables (sic) con el objeto de satisfacer necesidades de usos lúdicos». Este acuerdo permite paradójicamente esas actividades en una playa no autorizada par el baño por Puertos.
Por este acuerdo el Ayuntamiento asume la limpieza y conservación del dominio público y abona 12.000 euros anuales más el incremento del IPC desde 1997. El calafate afectado por la decisión municipal de clausurar la actividad en este mandato esgrime una licencia de obra autorizada por Puertos en la década de los 80 y aprobada por el Ayuntamiento, aunque no puede avalar la licencia de apertura. El municipio no se ha interesado, de momento, por la falta de concesión desde 2017 para los bloques de apartamentos en dominio público a escasos metros de esta nave.
