El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja considera que la actuación del alcalde socialista José Manuel Butrón, la teniente alcalde Ana Belén Juárez y secretaria de Igualdad del PSOE y dos funcionarios «pudiera constituir» un delito contra la integridad moral del jefe de Urbanismo. Tipo penal equivalente a un proceso por acoso laboral pero por la vía penal y que contempla penas de seis meses a dos años de cárcel.
En el auto que da por cerrada la fase de instrucción, la jueza explica que los investigados «desplegaron» frente al jefe de Urbanismo una «actividad de represalia, de violencia psicológica a través de una conducta de hostigamiento y persecución a fin de que abandonara su puesto de trabajo». Todo supuestamente a raíz de que el denunciante pusiera en conocimiento del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en marzo de 2012, meses después de ocupar su plaza en el Ayuntamiento, sobre la existencia de «de numerosas irregularidades en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística». Un procedimiento que investiga el mismo Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja.
Entre esas represalias dirigidas contra el denunciante, siempre según el auto de la magistrada, figuran «actos de contenido vejatorio (...) con la incoación de expedientes disciplinarios injustos, la presentación de denuncias, amenazas en su puesto y control de trabajo (...), ataques infundados contra su reputación o dignidad como trabajador, desprestigiando» su trabajo e «imputándole retrasos o disfunciones» en su servicio. Algo que le causó «alteraciones psicosomáticas de ansiedad y estrés». Además era privado de las herramientas «imprescindibles para el desarrollo» de su labor diaria, «incluida la asistencia del personal», ya que sus indicaciones eran «sistemáticamente incumplidas» y se «le priva de información necesaria para el desempeño de sus funciones». En el sumario se incorporan dos informes de médicos psiquiátricos forenses, especialistas en psiquiatría legal en la que se acredita el acoso laboral, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.
La titular del juzgado pide a las partes -el Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas-, como paso previo a un posible procesamiento y apertura de juicio oral, que califiquen los hechos y que indiquen si consideran que la investigación debe ir a juicio oral, archivarse o deben realizarse nuevas diligencias.
Los cuatro investigados pueden recurrir el auto en reforma ante el propio juzgado y en apelación en la Audiencia Provincial de Elche -estos recursos que se están resolviendo con una demora de más de un año-. Antes de este auto la jueza había rechazado una petición de sobreseimiento provisional de la causa. Uno de los funcionarios imputados ha elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la juez en este procedimiento. El PSPV considera que no tiene que adoptar medidas disciplinarias contra estos cargos porque no se ha ordenado la apertura de juicio oral. El primer edil, al que este diario intentó localizar ayer, dirige el Ayuntamiento desde principios de los 90 en sucesivos mandatos con mayoría absoluta. Butrón está investigado en esta causa, en el procedimiento sobre irregularidades urbanísticas y una tercera causa por supuesta estafa procesal. Todas denuncias del jefe de Urbanismo.
