Hace cinco años que los cerca de 300 vecinos que residen en la urbanización de Montepinar, a 7 kilómetros del centro de Orihuela, deberían tener recepcionadas todas las obras del proyecto de reparcelación de este tranquilo lugar a espaldas de la sierra oriolana. Pero a día de hoy siguen viviendo en una urbanización sin recepcionar, con todos los problemas que supone. El Proyecto de Reforma Interior (PRI) se inició en 2009 y 10 años después los vecinos siguen sin soluciones, a pesar de haber pagado oficialmente el 98% de urbanización que ascienden a 10,5 millones de euros (solo queda una cuota), lo que ha supuesto un desembolso a cada vecino de entre 20.000 y 50.000 euros.
Solo queda por abonar la cuota 19, la última, la que supone la liquidación, aunque el Ayuntamiento la ha paralizado. «Creemos, incluso, que nos tienen que devolver dinero porque hemos calculado que los vecinos hemos pagado ya entre el 105 y el 110% de las obras que se han hecho, y no tenemos nada, porque hemos pagado farolas, tomas de agua, hidrantes y papeleras que están en el proyecto pero que ni siquiera los han puesto», se queja Manuel Suárez Calleja, presidente de la Asociación de Vecinos de Montepinar, que lleva años de conflicto con el Ayuntamiento de Orihuela y con la urbanizadora. El Consistorio no ha revisado al 100% las cuotas que pasa la urbanizadora, a pesar de que es quien debe velar por los intereses de los vecinos de la urbanización.
Enganchados a la luz
El Registro de la Propiedad solo ha inscrito los terrenos, pero no las viviendas porque la información que el Ayuntamiento le aporta no cumple con lo descrito en la Ley Hipotecaria. Y, lo que es aún más grave, muchas de las casas carecen de cédula de habitabilidad lo que impide a los propietarios dar de alta la electricidad y dependen de la solidaridad de los vecinos para engancharse a su luz. Los cables pasan de unas casas a otras, todas unifamiliares, para compartir la energía eléctrica. «Cuando uno va a poner varios aparatos eléctricos a la vez le avisa al otro para que no encienda nada porque saltan los fusibles», comenta Suárez.
Los que sí cuentan con energía eléctrica, las que estaban construidas antes del PRI no pueden pedir una ampliación de potencia. El problema lo tienen los que compraron terrenos en Montepinar después de 2002. Las torres están levantadas pero falta pasar el cableado de manera soterrada, aunque ese suministro no les afecta puesto que es para la vecina pedanía de La Matanza. El Ayuntamiento, no obstante, sigue dando licencias de obra y allí hay varias casas en construcción que, una vez terminadas, se encontrarán sin suministro eléctrico
El correo tampoco lo reciben, solo las cartas certificadas, obligando a desplazarse los vecinos hasta la céntrica Plaza Nueva, a 7 kilómetros, para recoger su correspondencia. La normativa señala que debe haber buzones concentrados pero el proyecto no lo contempló y no hay un lugar habilitado para la instalación de los mismos. Las empresas interesadas en dar servicio de fibra óptica no pueden entrar en esta urbanización porque el Ayuntamiento no da el permiso con silencio administrativo. Además, las aceras, escasas, no cumplen con la normativa de supresión de barreras arquitectónicas y son estrechas, tanto que en la entrada solo hay bordillo.
De 168 a 250 parcelas
La historia de Montepinar se remonta al año 1976. Entonces, los propietarios compraron 168 parcelas que sumaban 471.000 metros cuadrados por 124 pesetas (0,75 euros). Ahora, hay más de 250 familias que poseen terrenos en esta urbanización. Todos esperaban que el Proyecto de Reforma Interior (PRI) se ejecutara rápidamente. En 2009 fue aprobado en pleno y se adjudicó en 2011 para culminarse en 2013. Pero no fue así, y 5 años después aún no se ha terminado y eso que los vecinos han pagado ya una media de 30.000 euros, algunos 20.000 y otros más de 50.000, por servicios como el asfaltado, el alumbrado, el saneamiento o la red eléctrica, sin que algunos de ellos puedan aún tener lo que han abonado con mucho esfuerzo. Los servicios escasean en esta zona llena de chalés, donde se pueden ver enormes parcelas, algunas con piscina privada.
Algunas familias se han tenido que ir porque se han visto obligadas a vender su casa para poder pagar los altos costes de urbanización y también los bancos han expropiado varias viviendas. «Hemos estado un año y medio sin que se haga aquí una sola obra, sin ningún avance de la urbanización, ni exterior ni interior, totalmente parado todo, y los vecinos siguen sin servicios», explica Pablo Soriano, vocal de la asociación vecinal. «Durante el Proyecto de Reforma Interior han pasado por el Ayuntamiento el PP, PSOE, Los Verdes, Claro, CLR y Ciudadanos y, hasta la fecha, ninguno ha aclarado el tema de Montepinar y los vecinos hemos pagado casi la totalidad del proyecto y estamos exactamente igual que antes de empezar las obras», se quejan los vecinos.
Un peligroso depósito abierto y sin vallar
La depuradora, acabada hace siete años y sin servicio, tiene salidas sin tapar y arquetas sin candado en las que hay un grave riesgo de caída.
A pesar del triste desenlace del niño malagueño de dos años Julen, que cayó a un pozo sin tapar hace un mes y medio, y cuyo cuerpo fue encontrado a decenas de metros de profundidad, hay quien no aprende la lección. En la urbanización de Montepinar hay un depósito construido desde 2012 que aún no se ha puesto en servicio, pagado por los vecinos, que está sin vallar y al que puede acceder cualquier persona, también los muchos niños que viven en la zona. Es un serio peligro puesto que hay dos salidas de 25 centímetros de diámetro, el mismo del pozo de Totalán, que están sin tapar. Además, la arqueta que da acceso al interior de la depuradora no tiene candado y cualquiera la puede abrir. El riesgo de una caída a más de 10 metros de profundidad es muy alto y podría ser mortal.
Los vecinos exigen que se valle como marca la ley, pero el vallado no se contempló en el proyecto. Además, llevan 6 años reclamando su puesta en marcha para solucionar las roturas de tuberías por la fuerte presión del agua en sus casas.
