El pleno del Ayuntamiento de Orihuela decidió ayer, con el voto a favor de los ediles del PP, PSOE, Foro Demócrata y las abstenciones de los dos ediles de Cambiemos y de la concejal no adscrita Carmen Gutiérrez, nombrar al exsíndico portador del Oriol, José Molina Delgado, como «defensor del ciudadano», una nueva figura creada en el Ayuntamiento para cumplir con el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en este mandato. La edil de Participación Ciudadana, Sabina Galindo, reconoció su labor como «una persona cercana y servicial» y como un referente de la Semana Santa o los Moros y Cristianos en la ciudad. El cargo no cuenta con remuneración, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones de gastos que, excepcionalmente, pudiera incurrir en el ejercicio de su labor.

El Defensor del Ciudadano tiene como función la de velar por la defensa de los derechos de estos en relación con la actuación de la Administración Local de Orihuela. Para ello podrá recibir quejas de los ciudadanos, sin perjuicio de la actividad que al respecto pueda emprender por iniciativa propia. Deberá cumplir sus funciones con independencia y objetividad, informando anualmente al pleno municipal, ante el que presentará, antes del 15 de marzo de cada año, una memoria ordinaria de su actividad del año natural anterior, sin perjuicio de poder emitir extraordinariamente informes a dicho órgano municipal cuando así lo estime oportuno sin sujeción a periodicidad alguna. Además, dará traslado al Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana o al Defensor del Pueblo de las quejas que le sean presentadas, de considerar que las mismas no se refirieran a actuaciones de órganos de la Administración Local de Orihuela, sino a otras Administraciones Públicas.

En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Ciudadano podrá recabar la ayuda y colaboración de todos los órganos de la Administración Local de Orihuela, que deberán procurar su asistencia al mismo fiel y lealmente. No se someterá a ningún mandato imperativo ni a instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de su cargo, debiendo cumplir sus funciones con plena autonomía y según su criterio. Las quejas que se le quieran presentar serán depositadas ante el Ayuntamiento en el Registro General.