27 de febrero de 2019
27.02.2019
Torrevieja

CCOO lleva al Fiscal a la interventora por rechazar el abono de la productividad del Ayuntamiento de Torrevieja

El sindicato mantiene en su escrito al Ministerio Fiscal que la funcionaria desoyó las sentencias judiciales y a la intervención general de la Generalitat

27.02.2019 | 19:28
Imagen de una de las protestas diarias que protagonizaron funcionarios a las puertas del Ayuntamiento para exigir el pago de la productividad/ Foto Joaquín Carrión

El pago del complemento se retrasó en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. La habilitada nacional alegaba que en el Ayuntamiento de Torrevieja todos los empleados cobran productividad sin que exista un sistema para controlar si efectivamente los trabajadores cumplen con objetivos de productividad.

Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado esta tarde en rueda de prensa que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante por el supuesto incumplimiento por parte de la interventora del Ayuntamiento de Torrevieja, Mari Carmen Corral, de sentencias firmes y definitivas que amparaban el pago de las productividades de los trabajadores del Ayuntamiento desde 1987. En julio de 2018 la habilitada nacional fiscalizó de conformidad el expediente de productividad pero reparó con efectos suspensivos las nóminas de todos los trabajadores del Ayuntamiento incluyendo las de aquellos que no tenían complemento de productividad.

La denuncia asegura que «es evidente que era consciente de la legalidad de obviar sentencias firmes y definitivas, y que el método seguido producía mayores perjuicios, al afectar al expediente general de las nóminas». A ese reparo de julio, le siguieron los de agosto, septiembre y octubre «a pesar de ir recibiéndose en el Ayuntamiento los informes favorables (al pago de la productividad) de la Intervención General de la Generalitat avalados» por los técnicos municipales que rubricaron los informes de discrepancia con los emitidos por la funcionaria.

Subraya el sindicato en la denuncia que además el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche «emitió un auto en incidente de ejecución de sentencia (presentado por el mismo sindicato) -de un trabajador al que el juzgado le había dado la razón en el cobro de la productividad- que establecía con toda claridad la obligación de continuar con los pagos, (la interventora) emitió varios informes que retrasaron (de nuevo) el pago de las productividades» de los trabajadores municipales, en torno a unos 600.

El mismo escrito registrado ante el Ministerio Fiscal indica que durante más de cuatro años, desde que se hizo cargo de la plaza, la interventora había fiscalizado de forma favorable esas nóminas.

Comisiones ha recordado que esta actuación produjo una situación «de malestar y numerosos perjuicios a cientos de trabajadores, motivando incluso una propuesta de moción de censura contra el gobierno municipal auspiciada por el PP».

Sobre esta iniciativa política la misma fuente reseña en la denuncia que el PP afirmó públicamente, a través de su portavoz y candidato a la Alcaldía, Eduardo Dolón, que en caso de aprobarse la moción de censura «se procedería al pago inmediato de las nóminas». Los funcionarios salieron a la calle para exigir que se desbloqueara el pago de esa productividad que supone entre 150 y 300 euros mensuales para los trabajadores.

La interventora, con la que este diario no ha podido contacar, señalaba en sus informes de reparo suspensivo, que consideraba ilegal que el Ayuntamiento abonara a todos los funcionarios sin distinción una productividad que perdía todo el sentido cuando el Ayuntamiento carece de cualquier sistema de fiscalización que indique si esos empleados públicos cumplen unos objetivos concretos para recibirla. La Intervención de la Generalitat indicó que la productividad no podía dejar de abonarse pero advertía al Ayuntamiento que debía poner en marcha ese sistema de control. Algo que, de momento, no ha ocurrido.

Imagen de la rueda de prensa en la sede de Comisiones Obreras/ Foto Joaquín Carrión

La palabra

El sindicato ya dio su palabra ante la asamblea de trabajadores en julio, al iniciarse el conflicto, que presentaría esta denuncia por la vía penal. «No obró correctamente. Las cosas se pudieron hacer de otra forma sin hacer tanto daño y nadie, por muy poderoso que sea, puede estar por encima del bien y del mal», ha indicado el delegado sindical, Juan Antonio Moya, acompañado por el secretario general de Servicios, Juanjo Noguera y la trabajadora municipal, Alejandra Auñón.

La interventora tiene previsto dejar la plaza de Torrevieja en marzo, como informó este diario.

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