El cerco judicial al Ayuntamiento de Bigastro para que devuelva 1,3 millones de euros por el pago de unos terrenos para una urbanización que nunca se reclasificaron se estrecha. El TSJCV ratificó a principios de 2018 que el Ayuntamiento debía devolver 1.030.000 euros que recibió en 2006 por vender su 10% de aprovechamiento lucrativo del plan sector D-12, proyecto que el propio municipio descartó tramitar en 2012, tras una resolución de la Generalitat que impedía urbanizar la zona. Y ahora el Juzgado de lo Contencioso de Elche ha confirmado que a esa suma debe añadirse otros 300.000 ? de intereses de demora. El Ayuntamiento ha recurrido esta última resolución, según confirmó ayer la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP).
La deuda tiene su origen en el último mandato del polémico alcalde socialista José Joaquín Moya en el gobierno municipal -que sigue investigado en varias causas derivadas de su gestión-. En enero de 2004 el Ayuntamiento inició una modificación puntual número 5 del Plan General para reclasificar un suelo como urbanizable a través de un Plan de Actuación Integrada (PAI). Era el denominado D-12. Tras adjudicar la condición de urbanizador a la empresa Giesco, la firma y el Consistorio llegaron a un acuerdo para que el primero pagara al Ayuntamiento el millón de euros por el 10% de aprovechamiento de suelo lucrativo municipal. En 2012 el pleno acordó «desistir» de la continuación de la modificación. La empresa había pagado seis años atrás, se quedó sin los terrenos y sin el millón de euros que ahora el TSJCV obliga al municipio a abonar. Los juzgado reconocen ahora los intereses de demora.
El presupuesto municipal apenas supera los 4,6 millones de euros. El abono supondría un 24% de su presupuesto anual. De ahí que el municipio aplazara todo lo posible la notificación de la sentencia de marzo de 2018 en junta de gobierno antes de aprobar provisionalmente los presupuestos en julio de ese año - aunque luego sí tuvo que contemplarla como alegación, que se rechazó, en la aprobación definitiva-. Los presupuestos también están impugnados por los demandantes al no incorporar una partida presupuestaria con la deuda reconocida por sentencia judicial.
La alcaldesa Teresa Belmonte (PP) dijo ayer que respeta la decisión judicial, pero esperará al resultado del recurso. Si el juzgado confirma también los intereses de demora negociará «como hemos hecho con todos los acreedores, siempre con sentencias firmes». Los demandantes aseguran que la primera edil no ha tenido intención de negociar y que ha aceptado el abono íntegro de otras deudas, sin quitas.
Fondos de Ordenación
La alcaldesa explicó que solo podrá plantear esa negociación en el momento en el que se pongan en marcha los Fondos de Ordenación que el Ministerio de Hacienda para municipios endeudados. Belmonte reconoció que puede ser en «julio o agosto» pero que este año existe mayor incertidumbre por la disolución de las Cortes y el periodo electoral. «Con este caso se han seguido los mismos procedimientos que con todos los acreedores. Pero querían los intereses además del principal. Es legítimo pero sin sentencia firme no es responsable por nuestra parte sentarnos a negociar».El municipio arrastra una deuda muy abultada en proporción a su población de 6.800 vecinos-aunque rebajada en los últimos años está en unos 13 millones-. Hasta el punto de que para afrontar alguna de ellas el juzgado ha llegado a embargar bienes municipales.
