Cuenta atrás para el sellado definitivo de todos los vasos del vertedero de Proambiente en La Murada. La Generalitat Valenciana tiene previsto concluir los trabajos a finales del mes de abril, tras dos intensos años cuya inversión asciende a 2,5 millones de euros para la restauración ambiental de la zona y la clausura del basurero que perteneció a la familia del empresario oriolano, Ángel Fenoll, uno de los cabecillas de la trama Brugal cuyo juicio se iniciará en la Audiencia Provincial el próximo 5 de marzo.

La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, visitó ayer el antiguo vertedero, que se encuentra entre la pedanía oriolana de La Murada y el municipio murciano de Abanilla, para comprobar los avances en el sellado de los vasos del vertedero y «cerrar un episodio muy negro de la mala gestión, que generaba vergüenza y problemas ambientales y de salud», señaló. Las tareas de cierre del vaso A, con una partida de 400.000 euros, y del C, en los que se han invertido 700.000, están a punto de concluir. Se une al cerca del millón gastado en 2017 en el sellado del vaso D, el destinado a Combustibles De Residuos (CDRs). Quedaría por cerrar el vaso B, más pequeño que los otros, cuyo proyecto ya ha sido redactado y está pendiente de ejecución. En este último los trabajos de restauración ambiental se iniciarán una vez clausurado ese vaso y tendrán un coste de 500.000 euros. Los 2,5 millones invertidos en el sellado y restauración medioambiental del vertedero en la parte valenciana se suman a los 5,6 millones de euros que ha gastado el gobierno murciano en la regeneración del vertedero y su entorno.

Cebrián estuvo acompañada en esta visita por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, el director general de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda y el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández. La consellera explicó que «ha sido un trabajo intenso y difícil para acabar con una situación muy peligrosa en términos ambientales y de salud de las personas, por los lixiviados y la inflamabilidad de los materiales que había aquí». La colaboración entre dos gobiernos autonómicos, el valenciano y el murciano, dos ayuntamientos, Orihuela y Abanilla, y el Ministerio de Medio Ambiente, está favoreciendo la restauración medioambiental.

Son 8 millones de euros los invertidos por las administraciones autonómicas, pero aún quedan las actuaciones de la Generalitat en el perímetro exterior para localizar nuevos enterramientos, más el mantenimiento postclausura del vertedero durante 30 años, por lo que el coste total de la restauración de la zona se acercará a los 20 millones de euros. Dinero que las administraciones van reclamando a los antiguos propietarios, la familia Fenoll, en los contenciosos judiciales abiertos en los juzgados de Orihuela y Cieza, cuya empresa Proambiente se encuentra en concurso de acreedores.

Más enterramientos

Las sospechas sobre más enterramientos de basura recaen sobre varias fincas plantadas con cítricos y serán las catas las que lo confirmen. En la superficie solo se ven árboles, pero en el subsuelo podría haber escondidas toneladas de basuras sin tratar. De hecho, debajo del vaso D, el primero que fue sellado por los continuos incendios y combustiones espontáneas que tenía, se ha descubierto más basura en una zona yerma. Esto confirmaría que la zona está plagada de enterramientos de todo tipo de residuos que se almacenaban unos encima de otros sin control y después se tapaban con tierra para evitar ser descubiertos. Así estuvo funcionando la empresa dueña del vertedero durante más de 20 años, con el polémico empresario Ángel Fenoll a la cabeza.

Mención aparte merecen los miles de metros cúbicos de lixiviados que siguen brotando y que se almacenan en las balsas construidas para retenerlos en la parte murciana del vertedero con una capacidad de 49.000 m3. Estos lixiviados son el resultado de la descomposición de cientos de miles de toneladas de basuras enterradas entre 1997 y 2013. Los residuos se degradan formando un líquido contaminante, de color negro y fuerte hedor, que arrastra sustancias contaminantes y que, según Vertivega, emite gases. Los lixiviados habían llegado a alcanzar ramblas, barrancos e, incluso, las cunetas de la carretera que une La Murada con el vertedero.