La Generalitat ha estimado en solo 30 millones de euros la indemnización que debía afrontar en caso de desclasificar los 450.000 metros cuadrados de suelo del plan parcial de Cala La Mosca, junto al mar y el único tramo del litoral oriolano que está sin urbanizar. La propia administración autonómica reconoce que se trata de una valoración «conservadora», en la que solo se evalúa lo que la empresa ha ejecutado materialmente sobre el terreno: un 75% de viales, colectores de aguas residuales y abastecimiento, aceras y transformadores. Algo que construyó en 2007 antes de que se paralizase el plan. No se cuantifica en ningún caso el lucro cesante que habría que sumar, y que a buen seguro exigiría la empresa, por perder la oportunidad de urbanizar ese medio millón de metros en primera línea de costa con capacidad para unas 1.500 viviendas. Lucro cesante que podría multiplicar la cifra a desembolsar por las arcas públicas muy por encima de los cien millones de euros.
La estimación de los 30 millones forma parte de un informe solicitado por la mesa de Medio Ambiente de las Cortes tras la aprobación de una proposición no de ley (PNL) impulsada por Podemos en junio de 2017 y respaldada por Compromís y PSOE, y que dio a conocer ayer el secretario general de la formación de izquierdas en Orihuela, David Vegara. El documento no solo se ha entregado un año y medio después de que se solicitara. Se ha dado a conocer cuando el Consell ha rubricado la evaluación de impacto ambiental favorable que valida definitivamente el plan y además con unas conclusiones mucho más genéricas y parciales de lo que PNL planteaba.
El informe firmado por el subdirector de Territorio y Paisaje, Vicente Domenech, sí plantea dos alternativas, que dependen exclusivamente del Ayuntamiento a la hora de urbanizar con menor impacto ambiental. Una «pasaría por un acuerdo del promotor con el Ayuntamiento en el sentido de calificar esta superficie como zona de red primaria y transferir su aprovechamiento (urbanístico) a otras zonas del municipio, manteniendo el equilibrio económico de la operación. Esto supone que el Ayuntamiento tenga clara la voluntad de llevar a cabo dicha actuación, establecer un convenio urbanístico, publicitarlo y aprobarlo», con una modificación del planeamiento, dice el técnico. El mismo funcionario plantea la posibilidad de retranquear y concentrar la edificación a la zona de la N-332, alejándola del perfil de la costa en los ámbitos de menor afección a los valores ambientales «en el sentido de una mayor apertura al mar y evitar el exceso de alturas aplicando la solución anterior -la de aportar suelo urbanizable en otras zonas-». Sobre la repercusión que el plan tiene sobre el territorio la Generalitat indica que supondrá «solo» el 1,25% del urbano del término municipal que cuenta con 40 millones de terreno sellado con urbanizaciones y edificaciones.
Podemos solicitó, entre otros acuerdos, dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo elaborando un estudio de impacto ambiental «independiente» o elaborar un informe del impacto socioeconómico que tendría la ejecución del plan -que la Generalitat ha liquidado en un par de folios ahora-, atendiendo a la potencial pérdida de competitividad que la saturación del litoral oriolano podría provocar sobre el sector turístico, y por otra, la necesidad de atender las carencias estructurales en infraestructuras, servicios y falta de recursos que las últimas décadas de construcción masiva han provocado en Orihuela Costa.
De ese estudio de impacto ambiental «independiente» ni tan siquiera se hace referencia en las respuestas. El que se ha valorado por los técnicos de la Generalitat es el que llevó a cabo la empresa -solo por exigencia de la UE-. Las escasas limitaciones que impone pasan por preservar en 15.000 metros cuadrados dos especies en peligro de extinción y la senda de la vía pecuaria de la Costa.
