El Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha decretado el sobreseimiento provisional del caso Vela Mata, instruido en 2014 tras la denuncia de vecinos de una urbanización y dos policías locales por la supuesta falta de actuación municipal contra la actividad molesta de una discoteca ubicada al sur de la playa de La Mata. Entre los cargos públicos y funcionarios que estaban siendo investigados y sobre los que ahora recae el archivo se encontraba el portavoz del PP y vicepresidente de la Diputación, Eduardo Dolón, alcalde en el momento de denunciarse los hechos. También el comisario jefe de la Policía Local, un exinspector de la policía y un exfuncionario del área de actividades.
La magistrada aclara en su resolución que «de las diligencias de investigación practicadas se desprende que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, si bien no existen motivos lógicos para atribuir su perpetración a persona determinada». Es la segunda vez que este juzgado decreta el archivo de este procedimiento abierto en 2014. La investigación trataba de esclarecer si se produjo un supuesto delito de prevaricación.
El Ayuntamiento, personado como acusación, y sus servicios jurídicos, están valorando recurrir, también por segunda vez, según indicó ayer la edil Fanny Serrano, quien lamentó que la instrucción se haya vuelto a archivar sin que se practicaran las diligencias solicitadas. En concreto, la declaración de dos agentes de la Policía Local, el propietario de la discoteca o el anterior dueño del local.
Desde el juzgado instructor, dirigido por Juana López Hoyos, se rechazó esta petición indicando que ninguna de las partes personadas solicitó la prórroga necesaria para declarar la causa compleja, por lo que estas diligencias se realizarían fuera de ese plazo.
La discoteca fue clausurada por orden de la Generalitat en 2015 por arrastrar numerosas deficiencias en aspectos como la seguridad, la accesibilidad y la insonorización que hacían inviable su funcionamiento como discoteca. La administración autonómica multó además al establecimiento, que cerró sus puertas.
«Intento de cacería política»
El portavoz del PP y presidente de los populares locales, Eduardo Dolón (PP), valoró ayer que comparecía con la «misma tranquilidad y transparencia que lo hice la tarde del 29 de marzo de 2017 cuando tristemente recibí la notificación de que se debía justificar más el archivo de un caso que ya había sido sobreseído como consecuencia de un nuevo intento de cacería política contra mi persona llevada a cabo por mis adversarios que hasta la fecha han sido incapaces de ganarme en las urnas».
Dolón aseguró que se trata de un caso cuyo origen se remonta «a una denuncia interpuesta por la pareja sentimental de la diputada del PSOE y primer teniente de alcalde de Torrevieja, Fanny Serrano», y por el Ayuntamiento dirigido por José Manuel Dolón. La Audiencia -dijo- consideró que debían justificarse más las razones que llevaron a la juez a dictaminar el sobreseimiento de la causa y, «dos años después la justicia ha vuelto a hablar alto y claro».
El edil popular citó un párrafo de la resolución en el que dice que no puede desprenderse tras la práctica de las diligencias solicitadas por las partes, ni por el Ministerio Fiscal «la existencia de delito, por cuanto no existe ningún acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad, bien sea esta tácita o expresa, escrita u oral».
Dolón, al que la nota de prensa distribuida ayer presentaba como «candidato a la Alcaldía por el PP» destacó ayer que «desde el primer segundo he colaborado con la justicia y he tenido que soportar como este tema se utilizaba casi pleno tras pleno para tratar de desacreditarme».
Para el dirigente popular «es una pena se haya hecho perder el tiempo a la Justicia, a los empleados municipales y a los servicios jurídicos que pagan todos los torrevejenses con sus impuestos. Se ha intentado dilatar el proceso para que llegara marcado a las próximas elecciones y seguirán intentándolo».
Denegar las pruebas
Por su parte, la edil Serrano se pronunció «a título personal» sobre la resolución sugiriendo que no abundaba en algunos de los aspectos del procedimiento y que la juez había adoptado un «modelo». También dijo que la exigencia de prórroga del plazo de investigación para considerar la causa compleja es un cambio legal posterior al inicio de esta causa y que, a su juicio, no le afecta a esta investigación.
