El Consorcio Vega Baja Sostenible está atado legalmente para aprobar su propio plan de gestión integral de residuos para toda la comarca. Sigue esperando la resolución judicial del contencioso presentado por Cespa. Empresa salpicada por la trama del Brugal -la que desbarató el desarrollo del plan zonal a mediados de la década pasada por la adjudicación fraudulenta de contratos- y a la que rescindió ese mismo plan zonal a principios de 2015 por no construir la macroplanta prevista en Albatera.

Ante la inminencia del final del mandato sin haber levantado ni una sola instalación fija de tratamiento de residuos en la comarca el Consorcio está acelerando la posibilidad de admitir proyectos privados sin concurso previo. El Consorcio, formado por 27 municipios, la Diputación y la Generalitat, y controlado por el PSOE, ha creado cinco comisiones técnicas con este objetivo. La entidad pública asegura que no puede rechazar legalmente "estudiar" las propuestas que le llegan, al parecer, sin que las empresas a las que nadie, ni alcaldes ni cargos del Consell.

Entre los proyectos a estudiar se encuentran una planta de podas en Pilar de la Horadada y otra de podas y voluminosos en Callosa de Segura. Ninguno de esos ayuntamientos se han pronunciado sobre los proyectos. También la planta de transferencia que la propia Cespa, advirtiendo que el Consorcio no puede tramitar el plan zonal, ha presentado para Orihuela. Otra para la planta de transferencia de San Miguel de Salinas y la última en Dolores, la más avanzada y capital público. El Consorcio no informa sobre el desarrollo de las comisiones, ni las ubicaciones de las instalaciones ni la entidad de los proyectos.