El ladrillo puede sustituir pronto al palmito, la vegetación mediterránea junto al mar y a los caminos de tierra en Cala La Mosca. El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer la declaración ambiental favorable a la construcción de 1.500 viviendas sobre 456.000 m2 del último tramo libre de urbanización de la primera línea de 15 kilómetros del litoral oriolano. La Conselleria vendió públicamente hace unos meses que en el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (PATIVEL) se contemplaba que este planeamiento no se llevara a cabo. Dejaba cinco años de plazo a la empresa -Gomendio- para desarrollar el proyecto y en caso contrario protegería el suelo. Eso es lo que transmitió a la opinión pública cuando la declaración de impacto ya era favorable: la primera rúbrica de Antoni Marzo Pastor, director General de Medio Natural; con el visto bueno ambiental se remonta a mayo de 2018, según recoge la resolución de ayer.
Este proyecto -UE2 Alameda del Mar- está contemplado en el Plan General (PGOU) de Orihuela desde 1990. El plan parcial fue aprobado en el pleno en julio de 2002. En febrero de 2007, en la recta final del mandato de José Manuel Medina (PP), la promotora vio autorizado el programa de desarrollo, también en sesión plenaria, para comenzar a urbanizar. En ese momento grupos ecologistas, vecinos de Orihuela Costa y partidos políticos se movilizaron para evitar la construcción. Esa presión logró que una queja ante el comité de peticiones de la Unión Europea, en el momento en el que las críticas a los abusos urbanísticos arreciaban sobre el Estado español, se convirtiera en 2010 en una reclamación para que el plan se sometiera a una evaluación ambiental. Los promotores, que ya tenían casi concluidas las infraestructuras básicas con viales y colectores de agua potable y alcantarillado desde 2007, alegaron que no era necesaria para el caso de un plan parcial ya aprobado y advirtieron de la responsabilidad patrimonial a la que se exponía el Ayuntamiento y la Generalitat.
En 2007, cuando la empresa comenzó esas obras de urbanización, la Fiscalía archivó una denuncia por su impacto sobre especies endémicas alegando que el proyecto estaba aprobado y no afectaba a zonas protegidas. Esa denuncia sí logró que se modificara el plan en 2009 contemplando las zonas a proteger como microrreserva.
Como resultado de ese estudio de impacto y las reivindicaciones conservacionistas la aprobación del Consell impone varios requisitos a la urbanizadora. El más llamativo, aunque anecdótico en comparación con el enorme impacto ambiental de la urbanización, es la renuncia a la construcción de tres parcelas residenciales que suman 15.000 m2 en la que se constató presencia de cientos de ejemplares de jarilla de cabeza de gato y un caracol endémico del sureste peninsular: la Tudorella mauretanica (aunque en algunos momentos la resolución hace referencia de forma errónea a la Tudorella sultana).
Esa limitación no implica que la empresa pierda zona edificable. La reordenación del plan le permite edificar más de lo previsto en otras parcelas para compensar esta renuncia. La Generalitat también exige al agente urbanizador que mantenga los 20 metros de ancho de la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa en primera línea. Cala La Mosca conforma una franja de un kilómetro y medio de acantilado al que solo se puede llegar a pie o en motocicleta desde Punta Prima y Playa Flamenca o desde la carretera N-332. Cuenta con tres pequeñas playas salvajes, poco saturadas en temporada alta y con un acceso complicado por camino de tierra y acantilado.
Contencioso y ganar tiempo
Cambiemos Orihuela indicó ayer que «lleva desde principio de legislatura buscando, todos los mecanismos políticos, jurídicos y sociales para frenar esta aberración urbanística que pretende sepultar nuestra última playa virgen». La formación cree que ese «trabajo ha servido para ganar tiempo, y si hoy no hay un ladrillo más puede ser en parte gracias a esta labor».
También considera que todavía «falta contundencia desde la Generalitat para revertir proyectos urbanísticos salvajes como el de Cala Mosca, y a esto se añade que en Orihuela tenemos un gobierno de PP-Cs que no ha movido un dedo para intentar paralizarlo. «Estamos intentando gastar la penúltima bala al elevar una propuesta al pleno del Ayuntamiento para que se revise de oficio la permuta de suelo que dio lugar al proyecto. Propuesta que fue rechazada por el gobierno local y contra la que Cambiemos ha elevado un recurso contencioso-administrativo», según indicó en un comunicado.
