11 de febrero de 2019
11.02.2019
Orihuela

El Consell desoye a vecinos y ecologistas y autoriza la construcción en Cala La Mosca en Orihuela Costa

La Generalitat publica la autorización ambiental favorable con algunas restricciones pero mantiene las 1.500 casas previstas sobre el último tramo virgen de edificaciones de Orihuela Costa

11.02.2019 | 15:22
Imagen del litoral de Cala La Mosca, que el Consell autoriza urbanizar

La presión conservacionista obligó al Consell a imponer una evaluación de impacto ambiental tras una queja de la Unión Europea a España/El Plan Urbanístico está contemplado en el PGOU desde 1990 y fue aprobado definitivamente por el gobierno popular local en 2007

El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado hoy la declaración ambiental favorable a la construcción de 1.500 viviendas sobre 456.000 metros cuadrados de Cala de la Mosca. Es el último tramo libre de edificaciones en primera línea los quince kilómetros del litoral oriolano. 

La Conselleria vendió públicamente hace unos meses que en el Plan de Infraaestructuras Verdes del Litoral (PATIVEL) había contemplado la posibilidad de que este planeamiento no se llevara a cabo. Dejaba cinco años de plazo a la empresa para desarrollar el proyecto y en caso contrario protegería. Una disposición que incluyó en esa legislación cuando ya había dado el visto bueno al impacto ambiental, último trámite que necesitaba la promotora, Gomendio, para pedir licencia de obras en el sector. Y es que aunque la resolución fue firmada por el director general de Medio Natural, Antonio Marzo i Pastor, el 19 de enero pasado, el visto bueno al documento lo rubricó el 9 de mayo de 2018.

Este proyecto está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela desde 1990 como suelo urbanizable. El plan parcial fue aprobado en el pleno en julio de 2002. En febrero de 2007, en la recta final del mandato de José Manuel Medina (PP), la promotora vio autorizado el programa de desarrollo, también en sesión plenaria, para comenzar a urbanizar. En ese momento grupos ecologistas, vecinos de Orihuela Costa y partidos políticos se movilizaron para evitar la construcción.

Esa presión logró que una queja ante el comité de peticiones de la Unión Europea, en el momento en el que las críticas a los abusos urbanísticos arreciaban sobre el Estado español, se convirtiera en 2010 en una reclamación para que se sometiera a una evaluación ambiental del proyecto, pese a que los promotores, que ya tenían casi concluídas las infraestructuras básicas con viales y colectores de agua potable y alcantarillado desde 2007, alegaron que no era necesaria para el caso de un plan parcial ya aprobado y advirtieron de la responsabilidad patrimonial a la que se exponía el Ayuntamiento y la Generalitat.

En 2007, cuando la empresa comenzó las obras de urbanización, la Fiscalía archivó una denuncia realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por la afección de las obras a la presencia de especies endémicas alegando que el proyecto estaba aprobado y no afectaba a zonas protegidas. Esa denuncia sí logró que se modificara el plan parcial en 2009 contemplando las zonas a proteger como microrreserva, ahora recogids en la evaluación de impacto ambiental.

Como resultado de ese estudio de impacto ambiental y las reivindicaciones conservacionistas la aprobación del Consell impone varios requisitos a Gomendio. El más llamativo, aunque anecdótico en comparación con el enorme impacto ambiental de la urbanización, es la renuncia a la construcción de tres parcelas residenciales que suman 15.000 metros cuadrados en la que se censó presencia de ejemplares de jarilla de cabeza de gato y un caracol endémico del sureste peninsular la la Tudorella mauretanica (aunque en algunos momentos la resolución hace referencia de forma errónea a la Tudorella sultana).

Esa limitación no implica, sin embargo, que la empresa pierda zona edificable. La reordenación del plan permite a la promotora edificar más de lo previsto en otras parcelas para compensar esta "renuncia". La Generalitat también exige al agente urbanizador que mantenga los 20 metros de ancho de la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa en primera línea de la Costa -que sí está ocupada por áreas residenciales en la mayor parte de su recorrido en la Vega Baja- y además que no compute ese suelo en el ámbito del plan -es decir, no podrá contabilizarlo como zona verde y tendrá que crear sus propias zonas de esparcimiento-.

Cala La Mosca conforma una franja de un kilómetro y medio sin urbanizar con acantilado medio a los que solo se puede acceder a pie desde Punta Prima y Playa Flamenca o desde la carretera Nacional-332. Cuenta con tres pequeñas playas, difícil acceso, muy apreciadas por su escasa masificación, incluso en pleno mes de agosto. Es además una zona donde se tolera oficiosamente el uso de algunos tramos como playa nudista y la presencia de perros. 

Contencioso de Cambiemos

Cambiemos Orihuela ha indicado hoy que "lleva desde principio de legislatura buscando, en colaboración con diversos grupos, todos los mecanismos políticos, jurídicos y sociales para frenar esta aberración urbanística que pretende sepultar nuestra última playa virgen". La formación considera que "ese trabajo ha servido para ganar tiempo, y si hoy no hay un ladrillo - a su juicio-  más puede ser en parte gracias a esta labor".

La formación considera que "todavía falta contundencia desde la Generalitat para revertir proyectos urbanísticos salvajes como el de Cala Mosca, y a esto se añade que en Orihuela tenemos un gobierno de PP-Cs que no ha movido un dedo para intentar paralizarlo". En su momento, Cambiemos elevó "una denuncia a Fiscalía Anticorrupción, la cual reconoció que había indicios de delito, pero que por desgracia habían prescrito". Además, desde Cambiemos, en colaboración con CLARO, hemos acudido al Parlamento Europeo, donde se ganó tiempo al lograr que la Comisión de Peticiones del Europarlamento interpelase a la Generalitat.

"Estamos intentando gastar la penúltima bala al haber elevado una propuesta al pleno del Ayuntamiento para que se revise de oficio la permuta de suelo que dio lugar al proyecto. Propuesta que fue rechazada por el gobierno local y contra la que Cambiemos ha elevado un recurso contencioso-administrativo", según ha indicado en un comunicado de prensa. La formación de izquierdas anticipa: "Vamos a agotar hasta el último recurso político, jurídico y social para intentar proteger Cala Mosca".

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