El Ayuntamiento de Rafal, y su alcalde y diputado autonómico del PSOE Manuel Pineda han evitado ir a juicio tras la denuncia por lo penal que interpuso en 2017 la empresa Iberdrola por una supuesta defraudación de fluido eléctrico por la potencia consumida en el alumbrado público del Sector Sur y el Calvario desde 2008. El juzgado de instrucción número 3 de Orihuela había señalado la fecha de juicio para el pasado 5 de febrero y, en el último momento, el Consistorio consiguió pactar con la compañía eléctrica, que aceptó una considerable rebaja en la cantidad demandada y el pago a plazos de la misma.

El Ayuntamiento abonó hace unos meses una primera factura de 45.000 euros, pero Iberdrola reclamaba el pago de otra aún más cuantiosa, de 120.000 euros. Tras la quita, la empresa pedía 63.000 euros, cantidad con la que el Ayuntamiento no estaba de acuerdo y pidieron a la comercializadora con la que han contratado el suministro eléctrico el cálculo del consumo en un año, como defendían los abogados del Consistorio que es lo que se debía pagar al no haber facturas emitidas por Iberdrola de todos esos años que reclamaba. Finalmente, tras un acuerdo entre ambas parte, el Ayuntamiento tendrá que abonar 45.000 euros, a plazos, y la compañía eléctrica ha retirado el pleito.

La denuncia ante la Guardia Civil la interpuso Iberdrola en 2017 contra el Ayuntamiento y su alcalde. Al ser Manuel Pineda aforado en su condición de diputado autonómico, el juzgado al que recayó la causa la remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien, a su vez, consideró que se trataba de un delito leve y, por lo tanto, devolvió el procedimiento al juzgado de instrucción.

«Ha sido un calvario»

El regidor y diputado señaló ayer que «he pasado un calvario porque la denuncia era por lo penal y afectaba a mi persona y mi patrimonio, y todo por algo que hizo el PP cuando gobernó, al no haber recepcionado con todas las garantías el sector urbanístico afectado y no habérmelo comunicado cuando salí elegido alcalde», se quejó.

Las presuntas irregularidades que denunció Iberdrola se iniciaron en el año 2008, gobernando el PP en el Ayuntamiento, en el que se recibió la obra sin haber finalizado la electrificación. En ese momento la empresa urbanizadora debía haber realizado las gestiones pertinentes para dotar de la potencia eléctrica necesaria a toda la zona y que ese sector pudiera ponerse en marcha. Sin embargo, la obra de electrificación no estaba concluida al no llevarse la línea desde la estación de Jacarilleta, como se había comprometido, y la recepción que se hizo del sector urbanístico fue parcial.

Esa línea era necesaria para que se pudiera dotar de la potencia suficiente a ese sector y al polígono industrial que viene sufriendo las consecuencias ya que las empresas no se deciden a instalarse allí por ese problema en el fluido eléctrico. Iberdrola y el Consistorio realizaron un convenio para garantizar la realización de la línea y la electrificación. Pero, tras la solicitud por parte del técnico de los boletines de los cuadros del sector, estos nunca llegaron y las gestiones eléctricas de la zona quedaron sin concluir. La urbanizadora del sector entró en concurso de acreedores y nunca realizó su parte.

Pineda denunció que «el PP, cuando entramos a gobernar en 2011, nos dejó un dossier con todos los asuntos pendientes, y éste ni lo nombraron», y lamentó que «hayan consentido la sustracción de fluido eléctrico al menos 3 años y no hayan comunicado nada en la sucesión del cargo, eso es imperdonable».

Corte de suministro

No fue hasta junio de 2017 cuando el Ayuntamiento recibió un requerimiento de Iberdrola reclamando el pago de la potencia consumida en la zona, hecho que llevó incluso a cortar el suministro por parte de la empresa en esa zona. Tras los cortes, el Ayuntamiento volvía a enganchar la luz para evitar que se quedaran a oscuras las calles de la zona. En ese momento, la eléctrica y el Ayuntamiento iniciaron un cruce de denuncias que finalmente llevó al Consistorio a realizar el pago de una de las facturas y así poder dar de alta los diferentes cuadros con sus respectivos boletines.

Pineda quiso agradecer la intermediación de la Dirección General de Industria y Energía «por su disposición a realizar el arbitraje entre el Ayuntamiento e Iberdrola dando la posibilidad de llegar a la solución más satisfactoria». El regidor añadió que «cuando esté cerrada la operación de financiación se dará el segundo paso que es abordar la obra que queda para poder dar la potencia necesaria al Sector Sur y al polígono y cumplir así mi promesa de traer empresas a la zona industrial y dar trabajo a los vecinos de Rafal».