La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está remitiendo a los propietarios de fincas de la Vega Baja sobre las que en su día actuó con denuncias y expedientes de sanción y clausura por la explotación de captaciones de agua subterránea ilegales para recordarles su obligación de sellarlos, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. El sellado es una de las medidas incluidas de forma sistemática y regulada legalmente en las órdenes de clausura. Algunos de estos expedientes se remontan a los años ochenta.
La CHS indicó hace unos días que en la Vega Baja tan solo había incoado siete expedientes por la detección de pozos ilegales desde 2015, pero ha ordenado el cierre de muchos más en las últimas tres décadas. En los registros del organismo de cuenca hay pozos identificados desde hace casi un siglo.
La alarma social generada por el dramático accidente de Julen, el niño que perdió la vida al precipitarse a un pozo sin sellar en la localidad malagueña de Totalán, ha provocado que la Confederación también haya puesto en marcha su maquinaria administrativa para retomar con mayor intensidad la labor de inspección y asegurar que de las órdenes de clausura, que sí son de su competencia, y que en su día incluían el sellado, se cumplieron sobre el terreno. Un trabajo complejo y que aborda estos días con recursos humanos y materiales limitados.
¿Qué dice exactamente la legislación, en este caso el reglamento del Dominio Público Hidráulico, sobre los pozos clausurados? El artículo 188 bis de ese texto legal, que desarrolla la ley de Aguas, indica que en los expedientes de aprovechamiento de aguas subterráneas que «conlleven el cese de la actividad se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el sellado por parte del titular de los pozos con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado».
Y lo que es más llamativo: «El organismo de cuenca podrá, de forma subsidiaria, llevar a cabo el sellado de la captación, repercutiendo los costes de dicha actuación al que hubiera sido titular de la misma». Es decir, la CHS deberá asumir el coste de la ejecución en caso de que el propietario no cumpla el requerimiento y repercutirla después al responsable.
El hecho de que un pozo abandonado o clausurado mantenga las tuberías y otras instalaciones que «tapen» el sondeo, no se considera un sellado, aunque el peligro de accidente sea menor.
La legislación exige que se rellene el hueco, que puede tener cientos de metros de profundidad, y con hormigón en el caso de los últimos diez metros en a boca del pozo. No es una medida de seguridad. Está pensada para impedir que el mismo pozo cerrado pueda explotarse a través de un sondeo con bomba en paralelo y ese aprovechamiento sin concesión no se vuelva a reutilizarse.
Además de las notificaciones, la CHS está intentando realizar una recopilación de qué propietarios han sellado y cuales no con visitas a los aforos, al menos en el caso de las sierras de Crevillent y Orihuela y zonas agrícolas de Pilar de la Horadada. En estos momentos no está cuantificado ni el número exacto de pozos sobre los que recayó una orden de clausura -sobre todo considerando un periodo tan amplio-, ni los que efectivamente cumplieron la orden de sellado.
Captaciones irregulares
La realización de sondeos sin concesión se generalizó en los años 80 y 90 parte de medianas y grandes empresas agrícolas -algo que niega el sector-. Hay otros muchos que sí cuentan con autorización. Los regantes con dotación del Trasvase intentaban aprovechar al máximo los recursos que adquirían y los mezclaban con aguas subterráneas. Lo mismo ocurría en la huerta tradicional, castigada por la llegada de aguas contaminadas del Segura. Es una práctica en declive, por la labor de inspección de la administración iniciada tras las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente en la década pasada y porque los recursos que se obtienen son hipersalinos. Paradójicamente la preocupación porque pueda producirse un accidente mortal provoca que la CHS vaya a abordar una batida exhaustiva sobre aprovechamientos de acuíferos que deben estar clausurados. Vigilancia que exigien colectivos conservacionistas ante la sobreexplotación de los acuíferos.
