«Yo no soy el que lleva las cuentas del grupo popular. yo no soy el que toma las decisiones de lo que se hace con las cuentas del grupo popular». Así eludió ayer dar explicaciones el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) sobre el encargo de una encuesta electoral con dinero del grupo municipal (que los ediles asegura que desconocían) en la que se preguntaba en noviembre a los vecinos por su opción para ser cabeza de cartel del PP. Bascuñana compareció en rueda de prensa para anunciar que convocará «en fechas próximas» un pleno para determinar la «fiscalización» de las cuentas de los grupos municipales, con el objetivo de que exista la «máxima transparencia en el destino de los fondos que los grupos municipales de los partidos políticos perciben anualmente para su mantenimiento».
El primer edil hizo estas declaraciones junto al concejal Rafael Almagro después de que INFORMACIÓN publicara el sábado que usó en noviembre 6.345 euros de dinero público de asignación para el funcionamiento del grupo municipal popular para encargar a la empresa Sigma Dos una encuesta en la que, entre otros temas de gestión, se preguntaba a los vecinos por la aprobación de Bascuñana como candidato. Los compañeros de grupo popular de Bascuñana, como el propio edil portavoz del grupo y diputado provincial Francisco Sáez Sironi se mostraron sorprendidos por este uso que desconocían. Sáez Sironi consideró «grave» que se encargara ese encuesta sin que el resto del grupo lo conociera. Ayer Bascuñana, que no respondió a las preguntas de este diario el viernes, no hizo ni referencia a la elaboración de la encuesta, ni al malestar público expresado por el resto de su grupo por desconocerla.
El alcalde aseguró que no puede «consentir que se dude la honorabilidad del PP ni de su grupo a las puertas de unas elecciones», ya que tal y como aseguró «debemos trabajar para ganar las elecciones, mantener la Diputación y que nuestra presidenta Isabel Bonig gobierne la Generalitat». También señaló que convocará a los portavoces de los cinco grupos municipales (PP, PSOE, Cs, Cambiemos Orihuela y Foro Demócrata), para que hagan sus aportaciones para la correcta consecución de tal fin. Bascuñana aseguró también que «hasta la fecha no existía este tipo de reglamentación, y consideramos que le debemos a los oriolanos este ejercicio de responsabilidad y transparencia política en el final de la legislatura. Puedo asegurar que todos los gastos realizados en estos 4 años están perfectamente justificados y diligenciados, y por tanto, no vemos ningún inconveniente en dar cuenta de ellos a quien corresponda».
Legislación
La legislación dispone que cada grupo con representación municipal tiene derecho a una asignación para su funcionamiento interno que suele fijarse en los primeros plenos de organización del mandato. Esa legislación muy genérica a la hora de señalar qué se puede o no hacer con el dinero. La mayor parte de los gastos se utilizan para la compra de material fungible de oficina, aunque también están aceptados otros, como el destino del dinero al pago de servicios jurídicos.
En ningún caso se puede desviar para fines electorales o ajenos al servicio público que realizan los grupos en una administración local, aunque muchas formaciones acumulan saldos positivos importantes de estas retribuciones en la recta final del mandato y la cuenta debe quedar a cero para el siguiente -el dinero se invierte precisamente en esa fase preelectoral, en material que directamente no tiene que ver con la campaña pero sí con la difusión de los mensajes de los partidos-. En otros municipios, como Torrevieja, los partidos dan cuenta anual desde el pasado mandato en el pleno en el primer trimestre del año del uso que han dado a la asignación. En este caso se actuó además también a raiz de las dudas sobre el destino final que se le daba al dinero,-por ejemplo, con desvíos de casi todo el dinero a la asamblea local del partido-.
