Los regantes del Trasvase Tajo-Segura celebraron ayer un acto con motivo del 40 aniversario del trasvase para pedir su «pervivencia» ante las instituciones para «que siga ayudando a paliar el déficit hídrico estructural del sureste peninsular».
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, animó a realizar una defensa «radical» del acueducto en una jornada organizada por la Comunidad de Riegos Levante Margen Derecha dentro de los actos para conmemorar la inauguración del trasvase, que se estrenó el 31 de marzo de 1979.
Jiménez explicó que el trasvase es vital para el «desarrollo de las poblaciones y del sector agrícola» del Levante español. «Lo que está en juego es el futuro de la sociedad levantina y todos, ciudadanos, políticos y empresarios, tenemos que remar en una misma dirección para asegurar la pervivencia del trasvase», dijo en este acto con desembarco de cargos públicos del PP, entre otros, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, o el consejero de Agricultura de Murcia, Miguel Ángel del Amor, además de la presencia, más discreta, de diputados provinciales del PSOE como Manuel Pineda y alcaldes de distinto signo de toda la Vega Baja. El portavoz del SCRATS disculpó la ausencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig porque tenía un compromiso previo en Villena.
Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), insistió en la «vitalidad» de las obras hidráulicas para «mitigar los efectos del cambio climático». «Los estudios coinciden -mantuvo- en que las lluvias pueden tener carácter torrencial y que puede haber periodos de sequía más amplios y, por tanto, más que nunca, van a hacer falta obras de regulación tanto de embalses como de trasvases para evitar daños tras las inundaciones de algunas cuencas, y disponer de esas aguas en épocas de sequía». Actualmente, indicó, en España hay más de 40 trasvases y, gracias a la tecnología actual, los impactos del cambio climático son mínimos «por las medidas compensatorias».
Por su parte, el director del Instituto del Agua de la UA y catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Joaquín Melgarejo, señaló que esta infraestructura ha «superado los devaneos e incertidumbres políticas» en estos años y, por tanto, debe continuar en función de «los grandes beneficios que genera para el conjunto de la nación» como el empleo de calidad -más de 110.000 empleos directos sostenibles en el tiempo y riega 147.000 hectáreas-, impuestos o la generación de abastecimiento de calidad a dos millones de habitantes «con el que se han podido desarrollar los sistemas turísticos del sur de Alicante».
En la actualidad y según sus palabras, más de un 60 por ciento de los municipios adscritos a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla depende del trasvase. «Cualquier gobierno que tome una decisión en contra de esta infraestructura debe ser consciente de la riqueza que genera. Hace unos años hicimos una estimación, un resarcimiento patrimonial, y en caso de cerrarse el trasvase, el Estado debería resarcir a particulares e instituciones con unos 21.000 millones de euros», aseguró.
