n El fallido Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela se encuentra en los tribunales. La empresa que redactó el documento por encargo inicial del gobierno del Partido Popular de Mónica Lorente, la UTE Urbor, mantiene un contencioso-administrativo para exigir el cobro de sus honorarios, que ascienden a 308.731 euros.
La versión preliminar del texto fue a pleno en 2014 con Monserrate Guillén (Los Verdes) como alcalde, pero la oposición -PP y CLr- lo tumbó. Ahora el Ayuntamiento esgrime que el pago estaba condicionado a la aprobación del Plan y como eso es algo que no se ha hecho, los técnicos no dan la conformidad para saldar la deuda.
La redacción del Plan General salió a concurso por un millón de euros, que ganó la empresa que ganó la UTE que mantiene ese contencioso con el Ayuntamiento. El proyecto fue firmado por el entonces concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá.
