El crecimiento urbanístico de Orihuela vuelve a quedar en el limbo. La Generalitat ha frenado los trámites para la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al no presentar el Ayuntamiento la documentación que le fue requerida desde 2015. En concreto, la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ha declarado la caducidad del Documento de Referencia del Plan General de Orihuela (50 páginas que daban luz verde al PGOU) debido a que el Consistorio no ha presentado la documentación necesaria para continuar con el procedimiento de evaluación ambiental, que era el siguiente paso para contar con un nuevo PGOU. Por lo tanto, ordena también el archivo del expediente de evaluación ambiental estratégica relativo al Plan General de Orihuela.
La Generalitat Valenciana da así por caducados los trámites autonómicos para que Orihuela cuente con un nuevo Plan General que sustituya al actual, muy obsoleto. En estos momentos el PGOU que está vigente en Orihuela es el aprobado en 1990, del cual se han hecho diversas modificaciones puntuales que han permitido, por ejemplo, levantar grandes urbanizaciones en la costa pero que no contempla suelo en las pedanías cuyo crecimiento urbanístico está limitadísimo. Con este contratiempo, por la inacción municipal, la aprobación de un nuevo PGOU se aplaza sine die y deberá retomarse ya en el próximo mandato con un nuevo trámite de evaluación ambiental.
La resolución del archivo de estos trámites por parte de la Generalitat lo dio a conocer ayer la portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia quien la calificó «de la peor noticia para los vecinos de Orihuela, sobre todo de las pedanías». La notificación, a la que ha tenido acceso este diario, llegó al Ayuntamiento el pasado 11 de diciembre y en ella se recuerda que los trámites se remontan al 2 de mayo de 2012, cuando la Generalitat recibió la documentación relativa al Plan General de Orihuela, al objeto de proceder a su evaluación ambiental.
El Documento de Referencia del PGOU, que ahora da por caducado el gobierno autonómico, fue emitido el 27 de junio de 2013 mediante acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental. Dos años después, en mayo de 2015, la Conselleria comunicó al Ayuntamiento que el Documento de Referencia tenía la consideración de Documento de Alcance de Estudio Ambiental y Territorial Estratégico advirtiéndole que si antes del 20 de agosto de 2016 no se recibiese la documentación referida, éste caducaría. No obstante, en junio de 2016 el Consistorio pidió una prórroga que le fue concedida por dos años más (hasta el 20 de agosto de 2018). A pesar de todo ese tiempo, el Ayuntamiento pidió otra prórroga en marzo del pasado año que se le denegó ya que ni siquiera había sacado a exposición pública el Documento de Referencia del PGOU, tal y como establece la nueva ley autonómica, Lotup, pero le daba la posibilidad de hacerlo antes de agosto, sin que hasta la fecha se haya realizado este trámite. Por todo ello, la Generalitat da por caducados los trámites autonómicos y ahora deberá empezarlos de nuevo el Ayuntamiento para aprobar el PGOU.
Sin suelo
Uno de los objetivos del nuevo Plan General, que el Alcalde Emilio Bascuñana consideraba que era una prioridad de este mandato terminarlo, es el de dotar a las pedanías de suelo residencial y también industrial, del que Orihuela carece. Para la portavoz socialista, «su no aprobación está provocando que las pedanías se queden cada vez con menos gente, porque hasta para una persona que herede una vivienda ni siquiera puede rehabilitarla y los jóvenes optan por irse a otros municipios del entorno», lamentó Carolina Gracia. «Orihuela sigue sin poder competir con otras localidades de la Vega Baja porque no tenemos nada que ofrecer a empresarios y emprendedores», señaló.
Gracia culpó a Bascuñana, que ostenta las competencias de planeamiento y grandes proyectos -que restó a urbanismo- «porque decía que quería dar seguridad jurídica a los planes ya aprobados y el problema que tiene es que quiere asumir todos los planes parciales, toda la construcción masiva que se hizo en la costa y no se atreve a decir que tanto los exalcaldes del PP, José Manuel Medina, como Mónica Lorente y los exediles de Urbanismo, Eva Ortiz y Antonio Rodríguez Barberá han sido los culpables de que la ciudad tenga un crecimiento urbanístico menor del que nos gustaría». Hasta el momento el Ayuntamiento ha ido haciendo modificaciones puntuales al texto de los años 90 pero el PSOE anuncia que «no vamos a dar el visto bueno a ninguna más».
Fuentes municipales señalaron al respecto que «el 'regalito' que nos dejaron el equipo de Carolina Gracias (PSOE) y los antecesores de Karlos Bernabé (Los Verdes), no había por donde cogerlo, y, por mucho que lo hemos intentado, la Conselleria se ha mantenido en sus criterios superrestrictivos, y, lamentablemente, no se ha conseguido una solución que no perjudicará seriamente los intereses del municipio. Era mala la opción dejarlo caducar, pero todavía era peor la opción de ajustarse a los criterios de la Conselleria», indicaron dichas fuentes.
