El equipo de gobierno formado por el PP y UPyD se pronunció ayer sobre la denuncia pública y ante el propio Ayuntamiento y la CHS realizada por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas sobre el vertido de aguas residuales sin tratar a la rambla de la Fayona.
El colectivo vecinal ha alegado la petición ante la CHS de los urbanizadores del sector Mirador de San Miguel de autorización de vertido de aguas residuales depuradas en la rambla, recordando que desde que se aprobó el sector, a su juicio, se ha estado arrojando aguas residuales sin ser tratadas -al menos hasta que denunciaron ese tipo de vertidos por segunda vez en 2016-.
El gobienro local explicó que las alegaciones de la asociación de vecinos se refieren a la Urbanización ADU 18, "Mirador de San Miguel", donde actualmente "aún no está colmatado por la edificación, siendo que hay una mitad del sector consolidado y otra mitad donde se están realzando obras de viviendas".
Para el gobierno local "en primer lugar es falsa por la simple razón de que las viviendas de esta urbanización se comenzaron a construir sobre el año 2007, que no a ocupar, con lo cual es imposible que hubiera vertidos en 2003 o años posteriores".
En segundo lugar, a jucio del gobierno local, que defiende la actuación del promotor, "dicha denuncia es falsa, ya que en este sector se halla en funcionamiento una Estación Depuradora de Aguas Residuales con capacidad para tratar todo el agua residual que puede ser generada en el sector".
Las mismas fuentes indican que los agentes urbanizadores de este sector están tramitado la correspondiente autorización de vertido frente a la Confederación Hidrográfica del Segura, la cual insta a que exista un punto de vertido a cauce público hidráulico, siendo el más cercano a la urbanización el de la Rambla de los Gallutes, cabecera de la Rambla de la Fayona, "independientemente que posteriormente se tramite la autorización de reutilización de aguas para riego".
La competencia de la autorización de vertido, indica el mismo comunicado municipal, es de la Confederación Hidrográfica del Segura, la cual ya ha determinado en la resolución de sometimiento de información pública que el vertido de aguas depuradas, la "procedencia del vertido", así como que le vertido "cumple la normativa vigente".
En el periodo de información pública ha habido informe favorable de la Conselleria, a través de la Dirección General el Agua favorable a la autorización de vertido en cauce público, así como aceptación favorable del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.
Únicamente ha habido una alegación de la Asociación de Vecinos, "oponiéndose a esta autorización de vertido, partiendo de una premisa falsa, como es que el vertido es de aguas no depuradas, circunstancia completamente falsa, ya que la depuradora está funcionando correctamente y los análisis se efectúan por laboratorio homologado".
Para el equipo de gobierno esta asociación "continua así con acusaciones falsas contra esta urbanización, ya que sobre la misma ha efectuado denuncias falsas igualmente en los últimos tiempos, como una denuncia sobre ocupación de vía pecuaria con una promoción, la cual fue desmentida expresamente con un informe de la sección forestal y de vías pecuarias, desmintiendo esta denuncia. Igualmente acusaron falsamente a una promotora de ocupar una zona verde con un caseta de ventas cuando se trataba de una parcela residencial".
No entiende "este Ayuntamiento (sic)" las "actuaciones y falsedades" que esta Asociación de Vecinos "constantemente vierte en prensa sobre una zona urbana del municipio, que al parecer unicamente busca que el desarrollo de este municipio se paralice y que no haya ni empleo ni riqueza en el municipio", según indica el mismo comunicado.
El equipo de gobierno insta "a esta Asociación de Vecinos, a que ante cualquier comportamiento que entienda ilegal, proceda en los Juzgados a interponer cuantas querellas estime, contra quien considere responsable de las mismas, y no manchar la imagen del municipio como constantemente realiza a través de prensa".
La alegación de los vecinos recordaba que en 2003 se aprobó definitivamente el plan parcial recomendando a los promotores que conectasen su red de saneamiento a la red general al margen de las soluciones provisionales de depuración con una instalación propia y almacenamiento del agua en una balsa supuestamente para el riego agrícola. Algo que no han realizado por su elevado coste mientras seguían levantando casas y comercializándolas.
