El pliego de condiciones para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja fija un periodo de elaboración de 42 meses. Este planeamiento debe sustituir a uno de los más antiguos de España. Está vigente desde enero de 1987 y ha sufrido más de un centenar de modificaciones puntuales. Impulsadas mayoritariamente por interés del sector privado de la construcción.
Ese periodo estipulado en las condiciones del contrato aplaza la posibilidad de que la ciudad cuente con una nueva ordenación urbanística definitiva, hasta el año 2023. Como mínimo y si no se producen dilaciones por parte de la administración autonómica, que es la que debe dar el visto bueno definitivo.
La publicación de los pliegos e inicio del periodo de presentación de ofertas se hizo efectivo ayer -se prolongará hasta el 19 de febrero-. El contrato del equipo redactor podría estar adjudicado antes de junio, cuando finaliza el mandato.
La edil responsable de Urbanismo, Fanny Serrano, aseguró en el anuncio de la aprobación de la licitación que considera que esos tres años y seis meses se podrían acortar a un año y medio. Según la edil el adjudicatario va a con documentación previa preparada. Algo que se suma al hecho de que el desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha colmatado la mayor parte del suelo a urbanizar -solo queda un gran plan urbanístico por desarrollar en La Hoya con 7.000 viviendas-, por lo que el documento tiene que decidir como reordenar zonas ya urbanizadas -y en algunos casos degradadas- y una superficie muy limitada a reclasificar -casi la mitad del término municipal está protegido como parque natural-.
La revisión del PGOU es una de las promesas electorales del actual gobierno de coalición en minoría. La gestión municipal solo ha alcanzado a licitar el proyecto en este final de su mandato, tras tres años y medio de espera. Con una larga tramitación de los pliegos, que pasaron en varias ocasiones por la supervisión del área de Intervención. El importe de licitación fijado por los técnicos es de 515.000 euros (IVA incluido).
Exigente
Un pliego exigente a la hora de requerir solvencia y garantías a los equipos redactores que se presenten para redactar el Plan General Estructural y el Plan General Pormenorizado, algo que puede dificultar la presentación de ofertas.
Entre otros requisitos se reclama como mínimo, que el equipo redactor deberá estar compuesto por un arquitecto o ingeniero de caminos, un licenciado en derecho con experiencia en planeamiento y un biólogo o geógrafo especializado en medio ambiente -el incremento del número de especialistas también se valorará con mayor puntuación en la mesa de contratación-. Además, este equipo deberá tener experiencia en la elaboración de planes generales. A este último aspecto se le otorga en la baremación mucha más relevancia -hasta 60 puntos- que la oferta económica -hasta 20 puntos-.
El equipo redactor deberá abordar un diagnóstico urbanístico del municipio, el borrador del instrumento de planeamiento, la versión inicial, el estudio ambiental, el sometimiento a información pública y la propuesta del plan con una versión final. La elaboración de la revisión de este PGOU llega cuando su tramitación en varios municipios de la Vega Baja está bloqueada y se eterniza incluso décadas, -lo que es indicativo de la complejidad de sacar adelante estas revisiones-.
Ha ocurrido en Almoradí -donde se iniciaron los trabajos en 2004-, Daya Vieja, San Miguel de Salinas (cuyo planeamiento fue ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras su aprobación), Los Montesinos (iniciada en 2010) y Orihuela -adjudicada en 2009 y sin aprobar la versión preliminar tras invertir más de 600.000 euros en del documento-.
