Representantes de las dos candidaturas anuladas por la junta electoral a la presidencia de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja presentaron ayer en el Palacio de Justicia de Torrevieja una demanda contra la actual presidenta Rosario Soler, su junta directiva, los instructores de los expedientes sancionadores contra varios socios -que han recaído en los miembros de una de las candidaturas anuladas-, la junta electoral y cuatro empleados de la entidad (conserjes) por supuestas irregularidades en el cumplimiento de los estatutos de la entidad privada que cuenta con unos 500 socios.

La acción judicial se produce horas antes de la asamblea de hoy domingo en la que está previsto que Rosario Soler se proclama como presidenta con su nueva junta directiva al anular junta electoral las otras dos -según los afectados sin margen para recurrir-.

La demanda recoge una serie de supuestas irregularidades en el cumplimiento de los actuales estatutos de la Sociedad Cultural desde el momento en el que el anterior presidente Ramón Torregrosa presentó su dimisión - sin que se convocara una asamblea previa- y pasando por las reiteradas negativas del personal de la entidad, junta electoral y junta directiva de admitir los numerosos recursos y documentación de las candidaturas presentadas.

Los miembros de las candidaturas anuladas ya habían anunciado su intención de llevar el proceso electoral al juzgado, tal y como ha recogido INFORMACION.es. La candidatura encabezada por el José Luis Pérez Maeso fue anulada porque los estatutos indican que los socios incursos en expedientes o expedientados no pueden concurrir a las elecciones. Los expedientes están justificados en la actuación de los socios en las últimas asambleas, cargadas de tensión y han sido abiertas a instancias de la junta directiva, presidida por Rosario Soler, a sabiendas de que esa resolución invalidaba la candidatura de los afectados.

La otra candidatura, encabezada por fue invalidada porque el nombre del candidato a presidente no coincidía, en el nombre de pila, con el que aparece en su DNI. La candidatura y los avales que la representaban se registraron a nombre de Fernando Sala cuando el nombre que figura en la documentación es de Manuel Sala. Los miembros de ambas candidatura anuladas intentaron alegar y recurrir las resoluciones de la junta directiva y la junta electoral, sin éxito. En la mayor parte de los casos, según la demanda, no porque se rechazaran las alegaciones o recursos, sino por la negativa por parte de la junta directiva, junta electoral y conserjes de la entidad a ser recepcionada.

Rosario Soler ha mantenido públicamente que se ha limitado a hacer cumplir los estatutos. El ambiente general entre los asociados, al margen de la candidatura que respalden, es de enfado y malestar ante una situación que ha puesto en el foco de la opinión pública a la entidad centenaria por un conflicto interno en el que se han cruzado insultos, incluso se han denunciado supuestos intentos de agresión o cuestionado la supuesta filtración de datos personales protegidos -el listado de socios con todos sus datos- por la ley Protección de Datos, entre otros episodios.