El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), se refirió ayer, por primera vez, al proyecto de planta de transferencia de basuras que la empresa Ferrovial, filial de Cespa, ha presentado en el Consorcio Vega Baja Sostenible para decir que «encarece y no es atractivo». Con esas palabras se refirió a la planta de transferencia prevista en Orihuela y cuya tramitación sigue adelante después de que el pasado jueves, por trámite de urgencia, se aprobara con los votos de los alcaldes socialistas (el PP votó en contra) que los técnicos valoren el estudio de viabilidad que ha presentado esa mercantil, investigada en el caso Brugal.

Bascuñana había sido criticado desde diferentes sectores por el silencio que mantenía con respecto a ese proyecto que se pretende establecer en la ciudad de la que es alcalde. Críticas que llegaron, incluso, por parte de sus compañeros de partido, como las del alcalde de Redován, Emilio Fernández, quien se mostró «extrañado» de que Emilio Bascuñana no hubiera dado su opinión con respecto a esa opción propuesta «para bien o para mal». Ayer quiso referirse al proyecto, aunque lo hizo casi de pasada, y se limitó a decir que «tendrán los técnicos que valorar si el proyecto presentado cumple las condiciones técnicas y después actuaremos en consecuencia». Para el regidor oriolano, lo más importante es reseñar la falta de un plan de gestión de residuos en la Vega Baja «que es lo que se debería haber empezado hace 3 años y medio y ya estaría listo».

El alcalde oriolano se mostró muy crítico con la gestión al frente del Consorcio del socialista Manuel Pineda al que considera que «está improvisando y sacando medidas que no tienen justificación desde el punto de vista de la sensatez y la buena gestión». Para Bascuñana «necesitamos saber qué queremos hacer y qué se puede hacer con las basuras de la comarca y no tienen sentido dos plantas de transferencia, cada una en una punta, sin saber si en 2, 3 o 4 años vamos a tener una planta de tratamiento que dejará sin uso esas instalaciones». Y criticó que lo único que harán esas plantas de transferencia es encarecer el servicio «hasta elevarlo a los 80 euros por tonelada». «Se está trabajando con oportunismo político porque las elecciones están a la vuelta de la esquina», zanjó.