Un paso más para que Orihuela cuente con una planta de transferencia de basuras. El Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible aprobó ayer facultar a la comisión técnica para que valore el estudio de viabilidad de la iniciativa privada de una planta de transferencia del Plan Zonal 11 A6, en Orihuela. Además, se aprobó también la instalación definitiva de una planta de transferencia en Dolores, gestionada por la empresa pública Vaersa, y la cesión de los terrenos del ayuntamiento dolorense en el polígono industrial para que se ubique. Todo gracias a la mayoría de los votos de los ayuntamientos gobernados por el PSOE. El PP votó en contra.
El Consorcio, presidido por el socialista Manuel Pineda (diputado autonómico y alcalde de Rafal) había llevado este trámite por vía de urgencia. Se trata del proyecto presentado por Ferrovial, filial de Cespa, la empresa que, junto a Ortiz, está investigada en el caso Brugal, precisamente por el supuesto amaño de la adjudicación del plan zonal en el año 2008. La mercantil mantiene un contencioso contra el Consorcio desde 2015 por rescindirle el contrato, algo que deja claro en el proyecto presentado que incluye una cláusula en la que la que señala que no renuncia a los derechos que le puedan corresponder en ese procedimiento judicial. Por una parte, Cespa (Ferrovial) pide una condena millonaria al Consorcio -compuesto por todos los municipios de la Vega Baja- y, por otra, plantea gestionar una de las dos plantas de transferencia previstas.
El proyecto que presenta ahora Ferrovial (Cespa) es el mismo que hace algo más de un año Pineda se encontró "encima de su mesa", como declaró, y que fue rechazado por los técnicos por tener varios defectos. Ahora la mercantil ha subsanado, supuestamente, esas deficiencias y ha vuelto a presentar el mismo proyecto; tal es así que está desactualizado ya que cuenta hasta con las toneladas de basura que deben ir a Dolores, no a Orihuela y de ésta dice que produce 88.000 toneladas, cuando no pasa de las 55.000. Esta iniciativa privada se situaría en dos parcelas en suelo no urbanizable junto a la autovía A-7, con una superficie total de 8.131 metros cuadrados. Precisamente, son las mismas parcelas que propuso un año antes la empresa en el otro proyecto que fue rechazado por el Consorcio, y ni siquiera admitido a trámite, por errores de tramitación y plazos, así como por otras dudas legales.
Silencio de Orihuela
Ambas parcelas estaban a la espera de recibir la compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Orihuela, algo que no ha transcendido si ya se ha realizado porque el consistorio oriolano mantiene un silencio absoluto en torno a la instalación que está prevista en su término municipal. A la junta de ayer en la Diputación acudió, en representación de este ayuntamiento, la edil Noelia Grao quien no intervino en ningún momento. El alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, que ayer se encontraba en València según pudo saber este diario, no se ha referido al proyecto de Ferrovial. Tal es el silencio que mantiene que sus propios compañeros del PP en la comarca, como el alcalde de Redován Emilio Fernández, señalaron a este diario que «estamos todos muy extrañados con su actitud, lo mismo le parece muy bien que le pongan una planta de transferencia de basuras, pero lo normal es que diga algo».
Fernández, crítico con una instalación que, además de promovida por una empresa salpicada en el Brugal, las parcelas propuestas se sitúan a 400 metros del barrio redovanense de Los Benitos, señaló ayer que «es un proyecto antiguo, medioambientalmente obsoleto y tecnológicamente sin futuro». «Huele todo muy mal, se está hablando de adjudicar una planta a una empresa que nos amenaza de tal manera que si gana el recurso al Consorcio va a reclamar una indemnización millonaria y encima le premiamos con una planta. Es la locura elevada al cubo», lamentó Emilio Fernández.
La que parece no tener marcha atrás es la planta de transferencia en Dolores, que ayer se aprobó definitivamente, y ahora pasará a la fase del proyecto de construcción, tras rechazarse todas las alegaciones, tanto las de ayuntamientos, como las empresas privadas o las de las entidades de riego de Dolores. Tampoco se tuvo en cuenta el recurso contencioso presentado en los juzgados por el PP de Dolores contra el acuerdo del pleno de ceder unos terrenos para levantar esa instalación. Los populares piden medidas cautelares en ese recurso y, a pesar de que se advirtió ayer de esto, Manuel Pineda no echó atrás el punto.
Se quedó fuera el transporte al vertedero desde Dolores, que se licitará aparte y no lo gestionará Vaersa, con un precio de salida de entre 6 y 12 euros la tonelada. «Es mucho más de lo que pagamos ahora, Redován paga 4,8 euros, y eso está por encima de lo que la comisión establece», señaló el alcalde de Redován. Tampoco están firmados los acuerdos con las distintas plantas de tratamiento a las que se llevará la basura desde Dolores (que dará servicio a 11 de los 27 municipios de la Vega Baja). «Hablan de un canon de 20 euros por tonelada, pero no suman el tratamiento y el IVA, lo que lo eleva a 81 euros, 14 más de lo que se paga ahora y eso afectará a los contribuyentes, porque subirá el recibo seguro», predijo Fernández.
