Eduardo Dolón, portavoz del PP, valoró ayer la aprobación definitiva de la Delimitación de Espacios y Usos Porturarios de Torrevieja (DEUP), señalando que es una "mala noticia" para la ciudad puesto que "no se han escuchado ni tenido en cuenta los planteamientos de los torrevejenses".
Como avanzó esta edición la DEUP deja en el aire el futuro de los amarres de 160 pescadores recreativos, no define espacios para grandes superficies comerciales, aclara que la zona residencial de Marina Internacional es ilegal, además de mantener la actividad pesquera en su actual emplazamiento, como demandaba este sector y el Ayuntamiento.
Dolón ha lamentado que "en un despacho de Valencia han decidido restringir los usos del Puerto de Torrevieja sin que haya un proyecto de futuro que lo valide postergando sine die una solución acorde a lo que los torrevejenses meremos y necesitamos. No solo han pasado olímpicamente de las alegaciones presentadas por el PP, que nadie debe olvidar que actualmente es el partido más votado por los torrevejenses tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, sino que también lo han hecho del colectivo afectado más vulnerable que son los pescadores (aficionados) de los pantalanes sociales que a día de hoy desconocen cuál será su futuro si es que lo tienen".
El portavoz popular valora que "una vez aprobado esta delimitación de usos a día de hoy no hay nada más. No hay un proyecto ni un plan de futuro para el puerto de Torrevieja. El PP lo teníamos después de haberlo consensuado con la sociedad civil, pero ahora no hay absolutamente nada. Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Generalitat han estado 3 años y medio perdiendo el tiempo, mareando la perdiz y de espaldas a la mayoría de torrevejenses. Para lo único que va a servir es para poner piedras en el camino y para dificultar lo que tiene que ser un gran proyecto ciudad definido con el mayor consenso posible. Nadie debe olvidar que, de no haber cambio en mayo, la ciudad seguirá teniendo el muro que nos separa del mar y que tanto nos disgusta a todos".
También mostró su preocupación por el hecho de que "además de que no hay proyecto, los pantalanes sociales quedan en el aire, del mismo modo que la zona residencial de Marina Internacional o el futuro de la Playa del Acequión". En el caso de la zona residencial, aunque el PP no lo cita, la Generalitat no ha aceptado las alegaciones de los propietarios para legalizar el uso residencial de los edificios.
Los apartamentos se construyeron a finales de los ochenta con una concesión por 30 años que concluyó en junio de 2017. La compra y venta de viviendas se realizó de forma ilegal en dominio público marítimo terrestre.
Dolón se ha mostrado confiado en que "el cambio a mejor que se producirá en mayo tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat devolverá la posibilidad de una solución al puerto de Torrevieja. Se han perdido 4 años, pero con trabajo, determinación y mucha gestión tendremos el puerto que necesitamos y merecemos".
Antecendentes
El PP presentó en la precampaña de las elecciones de 2015 una reordenación del puerto elaborada por técnicos municipales pese a que la comlpetencia sobre el espacio portuario es de la Generalitat. En ese plan se contemplaba un espacio comercial en hilera de locales comerciales y desde hostelería desde el bar La Marina hasta la zona de la fábrica de hielo, en primera línea del espejo del agua, lo que obligaba a trasladar la actividad pesquera o la zona final del muelle de Marina Salinas o al Dique de Poniente.para dejar espacio a esos objetivos comerciales y hosteleros. En la DEUP que se ha aprobado la flota se mantiene en el mismo emplazamiento. Ese proyecto se presentó a las asociaciones de hostelería y comercio, y tuvo, en general, buena acogida, pero también críticas por los usos comerciales y hosteleros que se contemplaban. También contemplaba una zona verde sobre un aparcamiento subterráneo en el actual recinto ferial y un vial que atravesara el puerto para descongestionar el puerto.
Todo sin abordar la tramitación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), responsabilidad de la Generalitat y que viene contemplada en la ley de Puertos aprobada por el Partido Popular en el Consell en 2014. Antes de este proyecto quedó desierto otro planteado por el Consell en 2008 y que tenía como principal reclamo la construcción de un gran centro comercial. En una idea impulsada por el entonces alcalde Pedro Hernández.
