El Ayuntamiento de Orihuela ha estado «perdonando» el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante 20 años a la empresa que gestiona el parking de Entrepuentes, el único del centro de Orihuela, lo que supone que las arcas municipales han dejado de ingresar más de 200.000 euros. El aparcamiento es de propiedad municipal pero desde que se construyó en 1998 lo explota, mediante concesión administrativa, la mercantil oriolana Doalco. Ni tras la firma de la concesión ni durante las dos décadas siguientes nadie en el Consistorio -y han pasado 3 gobiernos del PP y uno del PSOE y Los Verdes- ha caído en la cuenta de que el parking no estaba dado de alta en el Catastro, por lo que Suma no ha pasado el correspondiente recibo del IBI. Ahora la entidad pública que gestiona los tributos ha estimado que la mercantil que explota el parking ha dejado de pagar unos 13.000 euros anuales por ese impuesto.
El grupo municipal de Cambiemos Orihuela, en la oposición, fue el que se percató de esta irregularidad el pasado mes de marzo. Cuando su edil Javier Gracia quiso consultar la referencia catastral del parking, de titularidad municipal, se llevó la sorpresa de que «solo aparecía la superficie, pero nada más, por lo que consulté al Punto de Información Catastral quienes me confirmaron que no se había dado de alta», explica el concejal. Tras esta petición, los funcionarios del Catastro pidieron papeles y planos a la empresa concesionaria del aparcamiento público y remitieron toda la documentación a Suma para que hicieran la valoración catastral de este bien municipal. «Nos dijeron que, aunque es una propiedad del Ayuntamiento, al darse en concesión a una empresa privada, debía estar dada de alta en el catastro y, por tanto, pagar el IBI porque hay una explotación privada», indica Gracia.
Dicho y hecho. El aparcamiento de Entrepuentes ya ha sido dado de alta en el Catastro y ahora Suma reclama a la empresa Doalco, que lo gestiona, un total de 52.000 euros por los cuatro últimos años impagados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el máximo que permite la ley; los otros 16 años han prescrito. Suma ha valorado que el aparcamiento, que ocupa una superficie de 6.700 metros cuadrados en pleno centro histórico de Orihuela, la mercantil concesionaria debe pagar 13.000 euros anuales en concepto de IBI. Y lo debería haber estado pagando desde 1998 al ostentar la obligación fiscal sobre ese bien. «No es normal que nadie dé de alta en el Catastro una propiedad municipal que se da en concesión y menos nadie se haya dado cuenta de este hecho antes», señala, indignado, el edil de Cambiemos. Javier Gracia criticó la tardanza del Ayuntamiento en facilitar el expediente sobre esa concesión «que se lo pedimos a la Concejalía de Patrimonio y nos dijeron que dependía de Contratación y empezamos en 2017 con el trámite».
Promotor
El parking, que cuenta con plazas en venta a 20 años, en alquiler anual y de libre tránsito, fue construido en 1998, ostentando la alcaldía el popular José Manuel Medina. Salió a concesión administrativa, que se la llevó el promotor oriolano Domingo Alcocer, propietario de Doalco, con la explotación del aparcamiento subterráneo durante 75 años y un canon de 2.700 euros anuales, de los cuales «solo» se han explotado 20 años y quedan otros 55 por delante para finalizar el convenio.
El actual equipo de gobierno llegó a asegurar que el bien no estaba dado de alta en el Catastro porque pertenecía al Ayuntamiento por lo que «no tendría sentido que el Ayuntamiento se cobrara a sí mismo ese impuesto» e insistió en que el convenio no se podía cambiar hasta que no finalice su vigencia. Sin embargo, ahora, tras indicar el Catastro y Suma que debía contar con referencia catastral y pagar el IBI, el edil de Urbanismo, Rafael Almagro, dijo ayer que «tendremos que revisar el convenio que se firmó en 1998 por la concesión a ver si decía algo respecto al pago del IBI y haremos lo que diga la escritura de la concesión».
Sobre la reclamación de Suma por los años impagados dijo que «ahora será esta entidad la que pida el dinero del impuesto, y la empresa la que debe decidir si recurre o no en base a lo que firmara en su día porque lo mismo considera la mercantil que estaba exenta del pago de ese impuesto, si es que se les dije que no se les iba a cobrar; de lo contrario, tendrán que pagar a partir de ahora el IBI». Según Almagro, hasta la denuncia de Cambiemos a principios de 2018 «nadie se dio cuenta de que no estaban dados de alta en el Catastro y es lo que se hizo después». «Si la empresa presenta una alegación por la vía administrativa se les atenderá, si considera que se pactó así y así lo entienden los técnicos», concluyó el edil.
