La junta de gobierno del Consorcio para gestionar las basuras de la Vega Baja tiene previsto aprobar el día 17 de enero la declaración de urgencia «al impulso de una iniciativa privada» de una planta de transferencia de basuras en Orihuela. La iniciativa corresponde a Ferrovial, filial de Cespa, empresa esta última que, en UTE con Ortiz, es una de las protagonistas de la investigación de la supuesta adjudicación fraudulenta en 2008 de la gestión de los residuos de toda la comarca. Un proceso judicial, que junto a otros, y la recisión del contrato en enero de 2015 por parte del mismo Consorcio que ahora tramita esta iniciativa de urgencia, paralizó la ejecución de los instalaciones que permitirían un tratamiento sostenible de las basuras de la Vega Baja.
Las basuras deben «exportarse» ahora, con un encarecimiento muy elevado por el transporte, a vertederos autorizados en otras comarcas de Alicante y la Región de Murcia. Cespa no solo figura en la macrocausa por sus supuestas vinculaciones en negociaciones con cargos públicos, Ortiz y al empresario Ángel Fenoll para hacerse la contrata hace ya más de una década. Al tiempo reclama por la vía contencioso administrativa poder desarrollar esa misma adjudicación al tener recurrida la recisión. Contencioso que está pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). Algo que incluso recuerda en su propuesta de planta de transferencia en Orihuela -por si los juzgados le dieran la razón y recuperara la condición de gestor para toda la comarca-. Es más, Cespa lleva todo este mandato advirtiendo al Consorcio de que no puede llevar a cabo su propia gestión de los residuos mientras no se resuelva su recurso, y al tiempo presenta esta propuesta para hacerse con parte de esa gestión. La resolución del Consorcio. que no implica que se vaya a desarrollar el proyecto, justifica la urgencia en la «situación en la que se encuentra el Consorcio, sin instalaciones propias, debiendo recurrir a infraestructuras externas. El Consorcio, presidido por Manuel Pineda (PSOE) tumbó una de estas iniciativas privadas presentada en San Miguel de Salinas.
Mientras tanto el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), guarda silencio sobre la iniciativa planteada en su término municipal y se ha centrado en cuestionar el proyecto de gestión directa público encomendado a Vaersa en Dolores. Tampoco ha opinado el concejal de Urbanismo, Rafael Almagro, sobre la compatibilidad urbanística del suelo que propone la mercantil. Cespa que reconoce que «tramita» esa compatibilidad (no cuenta con ella) hace referencia a la parcela como un trozo de terreno no urbanizable agrícola pero sobre la finca, situada junto al acceso de la vía rápida en la autovía del Mediterráneo y el término municipal de Redován, hay un aparcamiento vallado y con alumbrado -sin que en la documentación conste que cuente con Declaración de Interés Comunitario-.
