Rosario Soler Torregrosa tiene el camino expedito para proclamarse presidenta de la Sociedad Casino de Torrevieja el próximo domingo 20 de enero, sin mediar elecciones. En el orden del día de la asamblea convocada para ese día solo figura su proclamación. Este proceso -al margen de una asamblea que no se prevé tranquila- terminará en los juzgados y la división que ha generado el actual proceso electoral tardará tiempo en cicatrizar en la entidad centenaria.

¿Qué ha pasado con las otras dos candidaturas? La junta electoral de la entidad privada anuló, como avanzó INFORMACIÓN, la candidatura de José Luis Pérez Maeso. Y acaba de hacer lo propio con la propuesta encabezada por el empresario hostelero Fernando Sala Alarcón. Y en este último caso por un error formal surrealista:el nombre de pila del candidato. La candidatura de Fernando Sala, conocido entre socios del Casino y muchos torrevejenses por ese nombre, estaba también presentada con esa denominación: Fernando Sala. Pero en el DNI del candidato figura Manuel Sala. Como el nombre oficial no coincide con el que aportó Sala, ni con el que se presentaron más de veinte avales para validar su candidatura, la mesa electoral ha decidido anularla. Tampoco ha tenido tiempo de enmendar el supuesto error ni aportando una partida de bautismo porque la candidatura se registró el último día habilitado para hacerlo, a finales de diciembre. Y la junta electoral ha sido implacable: exige cumplir estatutos y plazos.

La mesa electoral sí ha confirmado la candidatura de Rosario Soler pese a las dudas legales que planteaba. Ha aportado un informe jurídico en el que indica que la limitación de mandato a 8 años no le afecta puesto que no tenía carácter retroactivo e inició su andadura en la junta directiva en 2012.

La tensión no ha dejado las estancias modernistas de uno de los principales edificios nobles de la ciudad -no lo ha hecho desde el pasado verano sus 500 socios comenzaron a ser movilizados para el proceso electoral-: un socio ha llevado al juzgado a otro por supuestos insultos y amenazas de agresión. El episodio se produjo cuando el denunciado intentó registrar un escrito de una de las candidaturas invalidadas y un miembro de la junta electoral se negó por no estar en plazo.