El Consorcio Vega Baja Sostenible tiene previsto aprobar el próximo 14 de enero, en la junta de gobierno convocada para ese día, y por urgencia, el impulso a la tramitación del estudio de viabilidad del proyecto de planta de transferencia de basura presentado por Cespa, filial de Ferrovial Servicios, en Orihuela. El órgano dirigido por el socialista Manuel Pineda pretende facultar a la Comisión de Gobierno, de la manera más urgente, para que inicie el estudio de viabilidad de esa iniciativa privada que se situaría en dos parcelas en suelo no urbanizable (la 83 y 84 del polígono catastral 31), junto a la autovía A-7, con una superficie total de 8.131 metros cuadrados.
Precisamente, son las mismas parcelas que propuso un año antes la misma empresa en otro proyecto que fue rechazado por el Consorcio, y ni siquiera admitido a trámite, por errores de tramitación y plazos, así como por otras dudas legales, por lo que no se entiende que ahora la propuesta técnica presentada el pasado 29 de octubre de 2018 por esa mercantil sí se haya admitido, ya que es idéntica a la anterior. El suelo, además, está afectado por riesgo geomorfológico en el plan contra las inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), es decir, es inundable.
Ambas parcelas estaban a la espera de recibir la compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Orihuela, algo que no ha transcendido si ya se ha realizado, ya que la propia empresa no lo aporta en la propuesta principal. Las parcelas se sitúan, además, a 400 metros del barrio de Los Benitos, en Redován, por lo que desde su Ayuntamiento ya anuncian alegaciones en el caso de que siga adelante su tramitación, por la afección de esa planta en esa zona habitada.
Las prisas del Consorcio Vega Baja Sostenible en llevar por urgencia el estudio de viabilidad de la propuesta de Ferrovial en Orihuela tratan de justificar el cumplimiento de las bases técnicas que señalan que la Vega Baja debe contar con dos plantas de transferencia (la aprobada en Dolores y la propuesta en Orihuela) y otra de valorización. Si la segunda no está aprobada no podría continuar la tramitación de la primera, según la Comisión Técnica. El PP ha presentado alegaciones a la primera de las plantas, la de la empresa pública Vaersa en Dolores, por no cumplir las bases técnicas al no haberse aprobado aún la segunda de las instalaciones en la comarca, lo que supone que solo 11 de los 27 municipios tendrían a su disposición una planta de transferencia. Además, a los ayuntamientos les costará más caro llevar a Dolores sus basuras de lo que ahora pagan por trasladarlas a Villena, Elche o Alicante. El transporte a Dolores será de 10 euros por tonelada, mientras que, por ejemplo, las localidades que ahora llevan los residuos a Alicante pagan 4,86 euros por tonelada, lo que ni la propia Comisión Técnica se explica.
Contencioso
El alcalde de Redován, Emilio Fernández (PP), dice no entender por qué ahora vale el proyecto presentado por Cespa (Ferrovial) «cuando las parcelas son las mismas y el proyecto técnico también al que presentó hace un año, que se encontró en su despacho Pineda, y que se desestimó de manera inmediata». Los populares ya preparan un contencioso administrativo en contra de la planta de transferencia de Dolores, que ampliarán también a la instalación prevista en Orihuela. «Es un proyecto pasado y sin sentido el de Orihuela, y el de Dolores no cumple con las bases técnicas a nuestro criterio», explicó Fernández.
Además, el próximo 14 de enero, entre los puntos del orden del día, se encuentra el trámite de aprobación definitiva del proyecto de gestión de la planta de transferencia de Vaersa en Dolores y la aceptación del convenio de cesión del ayuntamiento de esa localidad de los usos de los terrenos previstos para esa instalación. Algo que se llevará a cabo sin que hasta el momento haya transcendido la resolución de las muchas alegaciones a ese proyecto, como las de los ayuntamientos de Almoradí, Redován, Orihuela o Benejúzar, o la de los partidos de la oposición en Dolores. Tampoco se han resuelto los considerando de la Comisión Técnica. El PP anuncia que llevará a los tribunales al Consorcio si aprueba definitivamente ese proyecto de gestión «porque no nos vale que las alegaciones se desestimen por silencio administrativo», indicó al diario Emilio Fernández, quien añadió que «pediremos la suspensión de la tramitación».
El proyecto de Cespa (Ferrovial) daría servicio a los municipios de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován y San Isidro, para transferir 102.366 toneladas por año, lo que supone el 49% del total de toneladas de residuos urbanos generados en el Plan Zonal y daría servicio a 178.937 habitantes, lo que equivale a 572 kilos por habitante y año. El presupuesto para llevar a cabo esta planta de transferencia es de 1.641.233 euros y el plazo de construcción, una vez que se de viabilidad al proyecto, sería de 6 meses.
No renuncia de derechos
Cespa es la misma empresa que mantiene en el Tribunal Superior de Justicia un pleito para salvar su adjudicación en 2008 de la gestión del plan zonal de residuos comarcal, que se rescindió por parte del Consorcio por incumplir los plazos de ejecución de la solución transitoria prevista en Cox y del vertedero definitivo en Albatera, además de no contar con terrenos para ejecutar los proyectos.
Llama la atención que, según ha podido saber este medio, la mercantil haya incluido una cláusula en el proyecto presentado ahora de planta de transferencia en Orihuela, en la que señala que no renuncia a los derechos que le puedan corresponder en ese procedimiento judicial que mantiene con el Consorcio de Residuos. Por una parte, Cespa (Ferrovial) pide una condena, millonaria, al Consorcio -que lo componen todos los municipios de la Vega Baja- y, por otro, ahora plantea ser quien gestione una de las dos plantas de transferencia previstas en la comarca.
